200 vecinos denuncian daños en sus casas tras la explosión en la pirotecnia
La explosión controlada del jueves para acabar con los 3.000 kilos de fuegos de artificio que quedaban en la pirotecnia Hermanos Borredà no lo fue tanto. Al menos para las 200 personas de Rafelcofer y l'Alqueria de la Comtessa que ayer denunciaron los daños causados en sus viviendas por la detonación. Los ayuntamientos de estas dos localidades abrieron una oficina para que los afectados dieran cuenta de los desperfectos, en la mayoría de los casos, cristales rotos, puertas y persianas desencajadas y grietas en paredes.
La voladura controlada de los cerca de 3.000 kilos de pólvora y ma...
La explosión controlada del jueves para acabar con los 3.000 kilos de fuegos de artificio que quedaban en la pirotecnia Hermanos Borredà no lo fue tanto. Al menos para las 200 personas de Rafelcofer y l'Alqueria de la Comtessa que ayer denunciaron los daños causados en sus viviendas por la detonación. Los ayuntamientos de estas dos localidades abrieron una oficina para que los afectados dieran cuenta de los desperfectos, en la mayoría de los casos, cristales rotos, puertas y persianas desencajadas y grietas en paredes.
La voladura controlada de los cerca de 3.000 kilos de pólvora y material de artificio que quedaron intactos tras el accidente que destruyó, el pasado lunes, la pirotecnia Hermanos Borredà en Rafelcofer (Valencia), causó daños en al menos dos centenares de viviendas. Los ayuntamientos de Rafelcofer y l'Alqueria de la Comtessa abrieron, a primera hora de la mañana de ayer, una oficina para que los afectados informaran sobre los desperfectos que la detonación causó en sus residencias. Ambas poblaciones se encuentran en un radio de un kilómetro de distancia del almacén siniestrado, y fueron las únicas afectadas por la deflagración. Un técnico del Instituto Valenciano de la Vivienda se desplazó por la mañana a los dos municipios para ayudar en las labores de evaluación de los daños en las residencias. La localidad de l'Alqueria de la Comtessa, situada a un kilómetro y medio de distancia del taller pirotécnico, fue la más perjudicada por la deflagración del jueves. Un total de 104 personas denunciaron roturas en ventanas, puertas y persianas, así como grietas en las tallas y paredes de sus viviendas. A última hora de la mañana, 80 personas habían acudido al Consistorio de Rafelcofer, ubicado a unos 900 metros de distancia de la pirotecnia, para denunciar daños similares. Las autoridades de ambos municipios reclamarán a la Administración que se haga cargo de parte del coste de los desperfectos causados por la detonación controlada y ejecutada por especialistas en la desactivación de artefactos explosivos de la Guardia Civil de Valencia, con la supervisión de la Delegación de Gobierno en la Comunidad Valenciana y la Generalitat.
Último entierro
La última víctima mortal del siniestro, Vicente Camarena, de 33 años de edad y natural de Potries, fue enterrado ayer tarde en su localidad natal. El hombre, empleado de la empresa pirotécnica, resultó herido de gravedad en la explosión del lunes con quemaduras en el 90% de su cuerpo, y su fallecimiento, la tarde del jueves, ha elevado a siete el número de víctimas, todas ellas trabajadoras de la empresa menos una.
De los heridos, la única persona que permanece hospitalizada, con fractura de cadera y sacro, es Encarna Ruiz, que ayer tenía previsto abandonar la unidad de cuidados intensivos en el hospital de la Ribera (Alzira), para ser trasladada al centro hospitalario Francesc de Borja en Gandia.
Un equipo de la policía judicial de la Guardia Civil y técnicos de la Delegación de Gobierno de la Comunidad Valenciana reanudaron ayer la investigación en la zona siniestrada para averiguar las posibles causas de la deflagración, después de comprobar que en las instalaciones no quedaban más artefactos explosivos por estallar. A pesar de ello, se mantuvieron las medidas de seguridad y la restricción de acceso al taller. El atestado, junto a las declaraciones del propietario de la empresa, Vicent Borredà, testigos y supervivientes del accidente, será remitido al juzgado número cinco de Gandia, que mantiene abiertas las diligencias sobre el suceso.
El recién nombrado consejero de Sanidad, Serafín Castelllano, que había dirigido las labores de rescate desde su anterior puesto de consejero de Justicia y Administraciones Públicas, se negó a determinar las causas de la explosién del lunes en el acto de toma de posesión de la delegada del Gobierno, Carmen Mas, y señalo, que una vez se elabore el informe se podrán determinar el origen de la deflagración, ya que "lo demás son meras conjetiuras".