El Ayuntamiento indultará el Meliá de Alicante a pesar de que fue declarado ilegal
El edificio que acoge el hotel Meliá de Alicante estaba condenado a desaparecer, pero el PP ha decidido pasar por alto estos antecedentes, indultar y legalizar el inmueble para que pueda modernizarse y mantener su actividad. Unilateralmente, los populares han roto un pacto alcanzado por todas las fuerzas políticas de la ciudad en 1993.
Invade suelo de dominio público marítimo-terrestre. Se levantó en 1965 sobre terreno ganado al mar. No respetó la altura máxima permitida, limita la visión del mar y, además, fue declarado fuera de ordenación en 1987, y el Ministerio de Obras Públicas cer...
El edificio que acoge el hotel Meliá de Alicante estaba condenado a desaparecer, pero el PP ha decidido pasar por alto estos antecedentes, indultar y legalizar el inmueble para que pueda modernizarse y mantener su actividad. Unilateralmente, los populares han roto un pacto alcanzado por todas las fuerzas políticas de la ciudad en 1993.
Invade suelo de dominio público marítimo-terrestre. Se levantó en 1965 sobre terreno ganado al mar. No respetó la altura máxima permitida, limita la visión del mar y, además, fue declarado fuera de ordenación en 1987, y el Ministerio de Obras Públicas certificó, en 1990, que es ilegal.El edificio que hoy acoge el hotel Meliá de Alicante estaba condenado a desaparecer, pero el PP ha decidido pasar por alto estos antecedentes, indultar y legalizar el inmueble para que pueda modernizarse y mantener su actividad. Los populares han roto un pacto alcanzado por todas las fuerzas políticas de la ciudad en 1993, cuando se aprobó llegar a un acuerdo con los propietarios para derribar el edificio. La oposición habla de prácticas "especulativas" y "corruptas" para favorecer intereses privados.
El edificio del Meliá, de nulo valor arquitectónico, es una de las actuaciones del franquismo más criticadas en Alicante. No gusta a nadie, y las voces que piden su demolición para que la ciudad recupere su fachada litoral y, sobre todo, la vista del mar, son un clamor.
"Nos lo tenemos que tragar". El alcalde Luis Díaz Alperi, del PP, mantiene la tesis de que expropiar el inmueble para después derribarlo es "inviable", por costoso. Calcula el primer edil de Alicante que esa operación costaría a las arcas públicas entre 15.000 y 20.000 millones de pesetas, "y ni el Ayuntamiento ni la Generalitat tienen capacidad económica para hacer frente a ello", asegura al respecto.
Desde los bancos de la oposición se ofrece una versión distinta. Para los socialistas, bastaría negociar con los propietarios una permuta por terreno en otra parte de la ciudad para que Alicante pudiera recuperar el espacio público que hoy ocupa el Meliá. "Además", recuerda el conejal Pablo Rosser, "no debemos olvidar nunca que la propiedad afecta únicamente al edificio, y no al suelo, que pertenece al ministerio".
El debate sobre el futuro del hotel Meliá se ha reactivado por una inesperada propuesta de la Autoridad Portuaria, que plantea modificar el Plan Especial del Puerto para legalizar el polémico edificio. La justificación es peregrina: "Está consolidado como uno de los hoteles de la ciudad de mayor categoría, que más servicios ofrece y dispone de grandes salones que en los últimos años vienen siendo utilizados para conferencias y congresos".
Mario Flores, presidente de la Autoridad Portuaria, confunde de esta forma continente y contenido, lo que ha forzado a los partidos de izquierda a matizar su postura: "No estamos en contra del hotel ni de la cadena Meliá, que debe permanecer en Alicante, pero sí del edificio que ocupa en régimen de alquiler, que está fuera de ordenación, es ilegal y por tanto debe desaparecer", afirman socialistas y Esquerra Unida.
El alcalde intentó esta misma semana zanjar la polémica adelantando la postura de su partido ante la solicitud del Puerto: "El hotel va a seguir donde está, es imposible expropiarlo y lo demás son cantos de sirenas y hablar por hablar", declaró. El portavoz de los socialistas, José Antonio Pina, mantiene la consolidación del inmueble, que ocupa terreno público, multiplicará su valor en el mercado, y por tanto se abre las puertas a operaciones especulativas de todo tipo. "¿Cuánto puede costar un edificio de esas dimensiones en primerísima línea de mar?" El propio Pina responde a su pregunta: "Una fortuna, o, desde luego, no los 15.000 millones que podría costar ahora su expropiación".
"Quienes compraron y vendieron ese edificio sabían que estaba fuera de ordenación, y plantear ahora legalizarlo puede sentar un precedente peligroso", asegura Rosser, "ya que cualquier particular podría invertir en construcciones ilegales y luego pedir al Ayuntamiento que se reconozcan para dar rentabilidad a lo invertido".