La Generalitat aprueba un anteproyecto que regula la acogida de ancianos
El Gobierno de la Generalitat aprobó ayer el anteproyecto de ley de Acogida de Personas Mayores, cuyo objetivo es evitar el ingreso de los ancianos en geriátricos y permitir que permanezcan en un domicilio al cuidado de personas que no sean familiares suyos. El anteproyecto regula la acogida de una persona o pareja mayor por parte de una persona o familia en condiciones semejantes a las relaciones que se producen entre ascendentes y descendientes.Según el Departamento de Justicia, en estos casos las dos partes "conviven en una misma vivienda, ya sea la de los acogedores o la de los acogidos, c...
El Gobierno de la Generalitat aprobó ayer el anteproyecto de ley de Acogida de Personas Mayores, cuyo objetivo es evitar el ingreso de los ancianos en geriátricos y permitir que permanezcan en un domicilio al cuidado de personas que no sean familiares suyos. El anteproyecto regula la acogida de una persona o pareja mayor por parte de una persona o familia en condiciones semejantes a las relaciones que se producen entre ascendentes y descendientes.Según el Departamento de Justicia, en estos casos las dos partes "conviven en una misma vivienda, ya sea la de los acogedores o la de los acogidos, con el objetivo de prestarse ayuda mutua y compartir los gastos del hogar y el trabajo doméstico". La contraprestación de los acogidos hacia a aquellos que les cuidan puede hacerse, según el anteproyecto, "por medio de la cesión de bienes muebles, inmuebles o en dinero".
El texto aprobado por el Ejecutivo prevé que los acogidos deben tener como mínimo 65 años, y 15 años más que la persona o personas que les cuiden, un requisito que no es necesario si uno de los acogidos es discapacitado o precisa de atenciones especiales. La acogida debe formalizarse en escritura pública en la cual deben constar los derechos y obligaciones de ambas partes y las donaciones realizadas por los acogidos a los acogedores, en el presente o para después de la muerte.
El Departamento de Justicia sostiene que la futura ley "puede reportar una solución a muchas personas mayores, ya que puede resolver sus dificultades económicas y sociales y evitar su ingreso en instituciones geriátricas".