La Fiscalía de Tarragona pide más medios para la ley del menor
La Fiscalía de Tarragona ha mostrado su preocupación por la falta de medios en que se encuentra el ministerio público ante la entrada en vigor de la reforma de la Ley Penal del Menor, cuyos presupuestos se han ampliado hasta los 18 años y con posibilidad de ser aplicados hasta los 21. Según explica en su informe anual el fiscal jefe de Tarragona, José María Parra, esta ampliación supone un mayor protagonismo del ministerio público. "Pese a las previsiones que se hacen respecto a medios materiales y personales, una vez más, nos vamos a ver obligados a improvisar", añade. Parra reclama que la l...
La Fiscalía de Tarragona ha mostrado su preocupación por la falta de medios en que se encuentra el ministerio público ante la entrada en vigor de la reforma de la Ley Penal del Menor, cuyos presupuestos se han ampliado hasta los 18 años y con posibilidad de ser aplicados hasta los 21. Según explica en su informe anual el fiscal jefe de Tarragona, José María Parra, esta ampliación supone un mayor protagonismo del ministerio público. "Pese a las previsiones que se hacen respecto a medios materiales y personales, una vez más, nos vamos a ver obligados a improvisar", añade. Parra reclama que la ley penal esté dotada económicamente de forma suficiente, tanto para los jueces y fiscales, como para los educadores, psicólogos o trabajadores sociales.
El informe destaca el aumento constante de delitos contra la propiedad. De los 10.476 casos de robos con fuerza registrados en 1998 se pasó a 13.575 en 1999. Los delitos contra la libertad sexual y por prostitución, fruto de las redadas policiales en clubes de alterne de Tarragona en busca de redes de introducción ilegal de inmigrantes también han aumentado.
Violencia familar
El informe también recoge la preocupación de la fiscalía por el aumento de los casos de violencia en el seno familiar. Constata una mayor defensa de las víctimas con la introducción de medidas cautelares o especiales como la prohibición de aproximarse al agredido y recomienda que los atestados policiales por malos tratos que se entregan a la fiscalía tras la denuncia vayan acompañados de un informe policial referido a la situación personal, familiar, sanitaria, social, laboral y económica tanto del agresor como de sus víctimas.
De esta forma, según el fiscal jefe, la posibilidad de solicitar medidas cautelares como la prohibición de acercarse a la víctima, se podría ponderar con mayor seguridad. Asimismo recomienda la promoción y creación de centros de atención inmediata para alcohólicos, puesto que ha constatado que en numerosas ocasiones la embriaguez es uno de los desencadenantes del maltrato familiar. El fiscal apunta además que debería ser un único juzgado de instrucción el que incoara todas las causas por violencia familiar de un partido judicial para hacer un seguimiento completo. Las causas por maltrato familiar han pasado de 177 en 1998 a 241 en 1999.
El fiscal destaca asimismo la dificultad de valorar los daños causados al patrimonio histórico por decisiones interesadas de la Administración. Parra recuerda que los arqueólogos a los que se recurre trabajan en la propia Administración o en organismos dependientes de ella. El informe llama la atención sobre el descenso de los delitos de prevaricación, únicamente cuatro el pasado año, de lo que el fiscal se felicita porque había sido una estadística "que había preocupado en los años precedentes".