Villalobos le quitó competencias al interventor porque se negó a jubilarse
La alcaldesa de Málaga, Celia Villalobos, decidió restar competencias al interventor municipal y aguantar contra viento y marea el chaparrón de críticas que se le venía encima tras conocer que el funcionario había pedido una prórroga en su jubilación, prevista para julio. El gobierno local, del PP, que aún no se ha pronunciado sobre la solicitud, está obligado a concederla por una modificación de la Ley de la Función Pública aprobada, curiosamente, por el Ejecutivo de José María Aznar en diciembre de 1996.La petición de prórroga de Carlos Claros fue la gota que colmó el vaso de varios meses de...
La alcaldesa de Málaga, Celia Villalobos, decidió restar competencias al interventor municipal y aguantar contra viento y marea el chaparrón de críticas que se le venía encima tras conocer que el funcionario había pedido una prórroga en su jubilación, prevista para julio. El gobierno local, del PP, que aún no se ha pronunciado sobre la solicitud, está obligado a concederla por una modificación de la Ley de la Función Pública aprobada, curiosamente, por el Ejecutivo de José María Aznar en diciembre de 1996.La petición de prórroga de Carlos Claros fue la gota que colmó el vaso de varios meses de abiertas discrepancias entre el interventor y el gobierno, del PP. Especialmente con el concejal de Hacienda, Francisco Aguilar, independiente y ex presidente del Colegio de Economistas, que se ha destacado por su insistencia en incorporar a la organización y gestión del Ayuntamiento los modelos de la empresa privada.
Bajo este prisma justifica el PP la decisión de restar al área de intervención el control sobre la contabilidad del consistorio. Fuentes del gobierno local rechazan que la medida, duramente criticada por la oposición y cuya legalidad ha puesto en duda un informe del propio secretario general del Ayuntamiento, tenga, por tanto, que ver con un intento de "oscurecer" la gestión pública. Estas fuentes indican que se trata de un problema de operatividad y censuran abiertamente las actuales normas de contabilidad, la excesiva burocratización del área y la ralentización del control de la ejecución presupuestaria.
El PP, a pesar de este descontento, decidió no intervenir por la proximidad de la jubilación de este funcionario. Pero los plazos que se fueron al traste en cuanto solicitó la prórroga en su servicio, a la que tiene derecho por un plazo máximo de cinco años. Una persona próxima a la alcaldía lo resumía de forma contundente: "Denegarle la prórroga lo ganaba en los tribunales, retirar la contabilidad a intervención, manteniendo la fiscalización que le otorga la ley, estamos convencidos de que es legal". En estos términos Villalobos decidió tiró adelante con la iniciativa.