El fiscal solicita la inhabilitación del alcalde de Xeresa por prevaricar. La Fiscalía también imputa al primer edil, del PP, un delito ecológico por los ataques al marjal de Xeresa
El fiscal solicitó ayer en la Audiencia de Valencia ocho años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público para el alcalde de Xeresa, Ciprià Fluixà, al que acusa de un supuesto delito de prevaricación por privar al secretario municipal del salario que legalmente le correspondía. Fluixà, afiliado al PP aunque fue reelegido en el cargo encabezando la lista de UV, también está siendo investigado en el procedimiento judicial abierto por la desecación del marjal de Xeresa.El responsable municipal fue juzgado ayer por ejecutar una decisión tomada por unanimidad de todos los grupos políticos ...
El fiscal solicitó ayer en la Audiencia de Valencia ocho años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público para el alcalde de Xeresa, Ciprià Fluixà, al que acusa de un supuesto delito de prevaricación por privar al secretario municipal del salario que legalmente le correspondía. Fluixà, afiliado al PP aunque fue reelegido en el cargo encabezando la lista de UV, también está siendo investigado en el procedimiento judicial abierto por la desecación del marjal de Xeresa.El responsable municipal fue juzgado ayer por ejecutar una decisión tomada por unanimidad de todos los grupos políticos representados en el consistorio durante la pasada legislatura. Éstos -UV, PP, PSPV y Bloc Nacionalista Valencià-Els Verds- decidieron abrir un expediente al secretario municipal por los reiterados incumplimientos en el ejercicio de sus funciones. Paralelamente a la apertura de la investigación administrativa, la corporación decidió suspender de empleo y sueldo al empleado municipal.
Fluixà ejecutó el mandato del pleno y apartó del cargo y dejó sin remuneración alguna, en contra de lo que marca la ley, al alto funcionario. Éste, aunque debió percibir el 75% de su salario entre abril y octubre de 1998, no ingresó ni una peseta en ese periodo, en el que vivió del apoyo pecuniario de padres y amigos, según dijo ayer ante el tribunal.
De hecho, el alcalde, a pesar de los informes jurídicos de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y la Diputación de Valencia, desoyó las reclamaciones del secretario. Por ello, José Z. presentó una querella contra Fluixà a principios de octubre de 1998. Ese mismo mes, el consistorio desbloqueó el pago de todos los atrasos al secretario-interventor.
Fluixà negó ayer durante su declaración la comisión del cualquier delito, mucho menos el de prevaricación, que implica la toma de varias decisiones a sabiendas de su ilegalidad o injusticia. "Únicamente cumplí con el acuerdo que el pleno adoptó por unanimidad, como era mi obligación", dijo en el juicio.
Sólo por este motivo "he sido injustamente acusado", añadió el alcalde, según recoge Europa Press. El abogado de la defensa solicitó la absolución de su cliente al entender que el primer edil sólo ejecutó la orden de un organismo soberano, el pleno municipal. Además, el letrado recordó que Fluixà no fue el instructor del expediente disciplinario abierto y criticó que el secretario-interventor acudiera a la jurisdicción penal en vez de reclamar sus derecos por otra vía más adecuada, en este caso la contenciosa-administrativa.
El fiscal y la acusación particular se pronunciaron en sentido contrario. En opinión de ambos, el alcalde, contraviniendo de manera frontal la ley, hizo caso omiso de las reiteradas peticiones de José Z. y sólo reaccionó ante la presentación de la querella. El juicio quedó ayer visto para sentencia.
Éste no es el único procedimiento judicial al que se enfrenta Fluixà, que se afilió el pasado enero al PP. El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Gandia imputa al edil otro delito de prevaricación y uno contra el medio ambiente. En opinión del juez y la Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el Ayuntamiento de Xeresa alentó o amparó la destrucción del marjal del municipio, una zona húmeda protegida por varios tratados internacionales.
Este área, de alto valor ecológico, ha sido parcialmente dañada por decenas de agricultores, que en uso de las licencias concedidas por el consistorio desecaron parte del marjal para ganar terreno para sus cultivos. La Audiencia de Valencia, confirmando la decisión del juez instructor, paralizó los aterramientos que estaba sufriendo la zona ante la irreversibilidad del daño que éstos provocan a un paraje ya gravemente deteriorado.