Juicio por el cobro de ayudas de la UE para enviar a África despojos de carne

El empresario gaditano Manuel Doeste, propietario de una empresa cárnica con su mismo nombre, afronta desde hoy un juicio por un presunto delito de falsificación y estafa a la Unión Europea, de la que cobró, supuestamente de forma fraudulenta, subvenciones destinadas a la exportación de alimentos cárnicos a países del Tercer Mundo. En la carga se detectaron despojos de animales que no se especificaban en la documentación del envío. El ministerio público pide tres años de prisión para el industrial. La defensa, la libre absolución.Este caso comenzó en 1994, cuando especialistas fiscales de la G...

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El empresario gaditano Manuel Doeste, propietario de una empresa cárnica con su mismo nombre, afronta desde hoy un juicio por un presunto delito de falsificación y estafa a la Unión Europea, de la que cobró, supuestamente de forma fraudulenta, subvenciones destinadas a la exportación de alimentos cárnicos a países del Tercer Mundo. En la carga se detectaron despojos de animales que no se especificaban en la documentación del envío. El ministerio público pide tres años de prisión para el industrial. La defensa, la libre absolución.Este caso comenzó en 1994, cuando especialistas fiscales de la Guardia Civil detectaron que el contenido de dos contenedores facturados por el empresario encausado, con destino a Guinea Ecuatorial, no se correspondía con los manifestado como carga.

En teoría, el cargamento que se enviaba a este país africano debía contener 50 toneladas de carne de vacuno deshuesada de primera calidad y con menos del 50% de grasa, que era el cupo cuantitativo y cualitativo que subvencionaba Bruselas con 9,5 millones de pesetas.

La inspección de la Guardia Civil demostró que el empresario había incluido en los contenedores despojos cárnicos tales como pezuñas de cerdo, hígados, grasas y restos de porcino. La carga era, además, inferior en 20 toneladas al envío subvencionado.

Sobre Cárnicas Doeste ya constaba una sanción anterior de 150.000 pesetas por infracciones administrativas. Cuando el caso trascendió, el acusado negó los hechos.

A raíz de detectarse este envío, supuestamente fraudulento, la Guardia Civil investigó a otra empresa radicada en Madrid a la que le interceptaron varios contenedores con alas de pollo en vez de la carne de vacuno subvencionada.

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