Asignaturas pendientes Los estudiantes que asesoran la reforma de los planes de estudios en Valencia se pronuncian
Cinco estudiantes componen la comisión creada para asesorar la reforma de los planes de estudios de la Universidad de Valencia, según ratificó el mes pasado la Junta de Gobierno. Cada área de conocimiento había consensuado previamente su candidato: José Luís Chorro, estudiante de Derecho, por el Área de Sociales; Raquel Tamarit, estudiante de Magisterio de Lengua Extranjera, por el Área de Educación; Aurora Zuzuarregui, por el Área de Ciencias Básicas y Técnicas; Carmen Cortés, estudiante de Enfermería, por el Área de Ciencias de la Salud; y Miguel Malondra, estudiante de Filología Alemana, po...
Cinco estudiantes componen la comisión creada para asesorar la reforma de los planes de estudios de la Universidad de Valencia, según ratificó el mes pasado la Junta de Gobierno. Cada área de conocimiento había consensuado previamente su candidato: José Luís Chorro, estudiante de Derecho, por el Área de Sociales; Raquel Tamarit, estudiante de Magisterio de Lengua Extranjera, por el Área de Educación; Aurora Zuzuarregui, por el Área de Ciencias Básicas y Técnicas; Carmen Cortés, estudiante de Enfermería, por el Área de Ciencias de la Salud; y Miguel Malondra, estudiante de Filología Alemana, por el Área de Humanidades. Todos ellos forman el primer ente estudiantil que participa en la reforma de los planes de estudios."Por el momento, no sabemos hasta dónde podemos llegar, ni siquiera si la reforma pasará realmente por nosotros", reconoce Miguel Malondra. La comisión asesora de estudiantes ha supuesto el reconocimiento del alumnado, que en definitiva es a quien atañe directamente esta modificación de los módulos académicos.Echan de menos, sin embargo, un ente más ecléctico que les permita colaborar en el diseño del contenido de los planes de estudio. El carácter asesor constriñe sus actuaciones a la mera adaptación de los planes: el cotejo de los programas para determinar la correspondencia de convalidaciones.
"Echamos en falta no articular desde dentro los planes de estudio", esgrime José Luis Chorro. En las dos comisiones decisivas del proceso existe representación estudiantil: 2 representantes por centro en la Comisiones Técnicas Títulos y paritaria en las Comisiones Académicas de Títulos. La participación estudiantil en ambas comisiones ha sido "escasa porque se reunieron a finales de mayo y al inicio del curso, y muchos de nosotros no nos enteramos de las convocatorias", coinciden los miembros de la comisión asesora de estudiantes.
Para algunos estudiantes, la revisión de los planes del 93 planteó un avance hacia un modelo de universidad con "insuficiencias y errores", pero que también concibe una fórmula de institución que apuesta por el incremento de prácticas y considerables ventajas para la movilidad estudiantil.
"La aplicación de los planes de estudio de 93 supuso el mayor avance de la Universidad española tanto pública como privada", comenta José Luís Chorro. ¿¿Por qué se reforma ahora?. La reforma de la reforma, como muchos la conocen se debe -según los cinco estudiantes de la comisión asesora- a un "error de cálculo": la falta de viabilidad económica para introducir los recursos materiales y humanos.
Algunos de estos planes de estudios funcionan en la Universidad desde 1993 y articulan equipos de trabajo en módulos prácticos a diferencia de la antigua universidad. Cada módulo práctico -como exige grupos reducidos- ha de ser impartido por tres profesores, mientras que en el teórico sólo es necesario un profesor. Si hablamos de prácticas de laboratorio, la balanza se inclina todavía más, 6 contra 1. Tropezamos con el escabroso terreno donde se cruzan cifras y calidad académica. Bajo el paraguas más ecuánime hay que resguardar la formación en las facultades para impermeabilizar la educación, cuando no llueve precisamente solvencia económica.
En el Área de Humanidades se plantea que algunas de las filologías como la Alemana o Italiana sean de segundo ciclo, al no poder hacer frente a los gastos de profesorado que supondría fijar un plan con los correspondientes módulos prácticos. Para cursar estas titulaciones habría que matricularse previamente de unos complementos de formación que permitirían el acceso al segundo ciclo.
Las titulaciones pertenecientes al Área de Ciencias Básicas en las que el grado de experimentabilidad es superior debido a las prácticas en laboratorio, se ofrecen otras soluciones como disminuir el número de optativas, que bien se puede realizar mediante el incremento del número de créditos de algunos módulos, para así limitar el número de asignaturas y consecuentemente de profesorado. "Entendemos que es dinero pero estas carreras exigen prácticas. Que pidan el dinero a Consellería, pero nosotros no podemos renunciar a nuestra formación", asegura Aurora Zuzuarregui.
En cuanto al Área de la Educación se aplica la misma medida: aumento de créditos en las asignaturas optativas. Los estudiantes son reacios y pretenden disminuir los créditos de las asignaturas prácticas en 1,5 créditos, de 6 a 4,5.
Pero si cabe, en Derecho se recoge la situación más paradójica. "La normativa jurídica actual establece", advierte José L. Chorro, "que las materias troncales que se han de impartir, viola otra normativa estatal que ha sido aprobada posteriormente". Esto significa que si en estos momentos se aprobara la reforma, se produciría una triple vulneración, y no es cuestión de rizar tanto el rizo, pues se trata de Derecho. "Exigimos que se cambie la normativa estatal para que ajuste al ordenamiento jurídico en general, pero el Ministerio no la aprueba. Entonces nos encontramos que tenemos que hacer un plan de estudios sobre una normativa que es ilegal e intentando ajustarnos a criterios que pone la Universidad. No aprueban normativa de derecho por lo que la Universidad no puede aprobar un plan de estudio coherente". Los estudiantes de Derecho se manifiestan partidarios de tres medidas que infringen la normativa del Estado: la posibilidad de trasladar asignaturas de segundo a primer ciclo; asignaturas anuales de siete créditos, en lugar de nueve como establecen la normativa estatal; y cinco horas semanales de asignaturas prácticas.