La fundación para los puertos andaluces provoca un nuevo conflicto entre la Junta y el Gobierno Fomento cuestiona la legalidad del instituto, pese a que autorizó uno igual en Valencia
La creación de la fundación Instituto de Puertos de Andalucía ha motivado un nuevo conflicto entre el Gobierno central y la Junta. Cinco días antes de la firma del acuerdo, el presidente de Puertos del Estado, Fernando Osorio, envió un escrito a los presidentes de las seis autoridades portuarias andaluzas en el que les advertía de que "no parece en absoluto procedente la constitución de la repetida fundación", y adjuntaba un informe jurídico en el que se cuestiona la constitucionalidad del proyecto. Curiosamente, tanto los principios como los estautos de la fundación andaluza están inspirados ...
La creación de la fundación Instituto de Puertos de Andalucía ha motivado un nuevo conflicto entre el Gobierno central y la Junta. Cinco días antes de la firma del acuerdo, el presidente de Puertos del Estado, Fernando Osorio, envió un escrito a los presidentes de las seis autoridades portuarias andaluzas en el que les advertía de que "no parece en absoluto procedente la constitución de la repetida fundación", y adjuntaba un informe jurídico en el que se cuestiona la constitucionalidad del proyecto. Curiosamente, tanto los principios como los estautos de la fundación andaluza están inspirados en el Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la Comunidad Valenciana, creado en 1998 con el visto bueno de la abogacía del Estado.
Se da la circunstancia, además, de que ninguno de los representantes que el Estado tiene en los consejos de administración de los puertos que han constituido la fundación (Huelva, Sevilla, Bahía de Cádiz, Algeciras, Málaga y Almería-Motril) no pusieron objeción alguna al proyecto y votaron favorablemente su constitución. En la fundación participa también la Junta a través de la empresa pública Puertos de Andalucía, que aporta un 10% de los 144 millones del capital constituyente -el resto se lo reparten las autoridades portuarias de forma proporcional a sus beneficios-.El consejero de Obras Públicas, Francisco Vallejo, ha lamentado la "incongruencia y contradicción" del Gobierno central y asegura que los obstáculos que vuelve a poner a una iniciativa de la Junta se deben a que "no ha sabido digerir las competencias, ni soportar que, desde que se realizaran las transferencias los puertos andaluces, sean los que más han crecido tanto en inversiones como en beneficios".
Vallejo sostiene que la creación de la fundación no transgrede en nada las competencias de la Junta. La Administración autonómica tiene a su cargo la gestión de los puertos de interés general, en tanto que el Estado mantiene la titularidad de los mismos. También ha recordado que la fundación es una "copia" del instituto creado por los puertos de Valencia, comunidad donde gobierna el Partido Popular.
Los fines del Instituto de Puertos de Andalucía tienen que ver con la mejora de la capacitación profesional, la investigación y la innovación tecnológica en el sector, el perfeccionamiento de la gestión y fomentar la proyección social y económica de la actividad marítimo-portuaria, entre otro.
Informes contradictorios
En el informe realizado por los servicios de la sociedad Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento, se asegura que la Junta se atribuye un "derecho de injerencia en materia de competencia estatal", pero además cuestiona la utilidad y conveniencia de crear una fundación para una mayor colaboración de los puertos e incluso considera "poco afortunada" su denominación.
El estudio concluye que el proyecto es "contrario al orden constitucional porque supone la renuncia de las autoridades portuarias estatales al ejercicio de competencias propias", y que, en "todo caso, la fundación debería ser de titularidad estatal".
Pero en la carta en la que el presidente de Puertos del Estado advierte a los presidentes de las autoridades portuarias andaluzas de la improcedencia de constituir la fundación, reconoce que existen informes contradictorios sobre la legalidad del proyecto, por lo que se ha encargado un dictamen definitivo a la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado. La abogacía del Estado de Valencia determinó en febrero de 1998 que no era necesario que la autoridades portuarias contaran con autorización previa del Consejo Rector del Puertos del Estado para constituir la fundación, posición contraria a la dictaminada por la abogacía del Estado en Cádiz en noviembre de 1999.
El acuerdo de la fundación se suscribió el pasado día 16 en Málaga, en un acto que tuvo otra polémica añadida, puesto que la Subdelegación del Gobierno cuestionó que fuera el consejero de Obras Públicas quien colocara la primera piedra del muelle 9 "cuando la Junta no pone un duro". Vallejo ha recordado que tampoco el Estado, y que las obras son financiadas con fondos propios del puerto malagueño y europeos. Pese a que un representante del Puertos del Estado se desplazó a Málaga para acudir al acto, fue avisado para que no hiciera acto de presencia.
El consejero ha lamentado que exista un nuevo intento del Gobierno por "mermar competencias de la Junta", así como una "vara de medir distinta para Andalucía y para otras comunidades autónomas".