Pérez Saldaña considera "positivo" el balance de Asuntos Sociales por su desarrollo normativo
El consejero de Asuntos Sociales de la Junta, Isaías Pérez Saldaña, hizo ayer balance de la gestión de su departamento durante la legislatura, calificándola como "positiva", sin perder de vista los hechos racistas de El Ejido (Almería), aunque todas las críticas las dirigió sobre el alcalde de la localidad, Juan Enciso. El consejero subrayó el cambio "de políticas asistenciales a políticas de derecho" seguido en la comunidad a través de la contribución normativa de su consejería: cuatro leyes. El presupuesto de la consejería pasó de 64.000 millones en 1997 a 77.500 millones para el año 2000....
El consejero de Asuntos Sociales de la Junta, Isaías Pérez Saldaña, hizo ayer balance de la gestión de su departamento durante la legislatura, calificándola como "positiva", sin perder de vista los hechos racistas de El Ejido (Almería), aunque todas las críticas las dirigió sobre el alcalde de la localidad, Juan Enciso. El consejero subrayó el cambio "de políticas asistenciales a políticas de derecho" seguido en la comunidad a través de la contribución normativa de su consejería: cuatro leyes. El presupuesto de la consejería pasó de 64.000 millones en 1997 a 77.500 millones para el año 2000.
Los principales puntos que el consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, destacó en la actuación de la consejería en la legislatura que acaba, pensiones, mayores y drogodependencias, tuvieron su elemento polémico e incluso enfrentó a los responsables de la Administración autonómica con el Gobierno central. En lo que se refiere a las pensiones, Pérez Saldaña recordó la decisión del Gobierno autonómico de aumentar las pensiones no contributivas y asistenciales. Una medida que fue inicialmente calificada por la Administración central como "electoralista". Sin embargo, el consejero aseguró que la subida de las pensiones "abrió un debate en toda España", que significó que tanto el Estado como algunas comunidades autónomas siguieran esta iniciativa.
Entre 1997 y 1999 los beneficiarios de pensiones no contributivas han pasado de 94.437 a 104.617, lo que ha supuesto un incremento del gasto anual de 47.864 millones de pesetas a 55.261 millones en 1999. En cuanto a las pensiones asistenciales la cantidad ha decrecido de 20.900 millones en 1997 a los 14.330 millones asignados en los presupuestos para 2000.
En el balance de Asuntos Sociales, las plazas públicas en cetros de mayores pasan de 1.736 a 2.117. Junto a la Administración central, la Junta y los ayuntamientos se invirtieron 6.143 millones en construcción y mantenimiento de residencias dentro del Plan Gerontológico. Este plan no evitó que el pasado verano salieran a la luz residencias de ancianos ilegales. Un problema reconocido por la Junta: la dificultad para controlar estos hogares y a la vez la demanda de plazas. En esta legislatura se ha pasado de 1.162 millones, en ayudas individuales y a instituciones, a 1.623 millones.
Se han separado las ayudas a las asociaciones de drogodependientes y alcohólicos. Mientras que las asociaciones de alcohólicos ven reducidas sus subvenciones, en el caso de los grupos de ayuda de drogadictos se ha pasado de 323 millones al principio de la legislatura a 458 millones en 1999. El plan de la Heroína, un proyecto planificado por la Junta por el que se suministra la sustancia a drogodependientes con pocas posibilidades de curación, levantó un nuevo conflicto entre las administraciones. De momento, está paralizado.
La atención al niño ha visto menguada muchas de sus actividades. Las llamadas al teléfono de Atención al Menor para denunciar malos tratos has descendido casi un 50%. Los centros de acogida has pasado de 235 a 215, gracias a que son más la familias que optan por atender a los niños. Sin embargo el número de menores inmigrantes atendidos ha crecido en un 26% en el último año.
Pérez Saldaña subrayó el desarrollo legislativo que ha llevado a cabo su consejería con la aprobación de cuatro leyes: la de prevención y asistencia en materia de drogas, la de los derechos y la atención al menor, la de atención a las personas con discapacidad y la de atención y protección a las personas mayores. El consejero señaló que su compromiso político será la aprobación de la ley del voluntariado y la puesta en marcha del borrador de la ley contra la exclusión social.