El PSOE acudirá hoy al juez si no recibe las facturas de la cuenta restringida de Álvarez del Manzano
El PSOE ha dado un ultimátum al alcalde. Expira a las 10.00 de hoy. Si para entonces no tiene sobre la mesa las facturas de lo gastado por José María Álvarez del Manzano durante los últimos ocho años con cargo a su cuenta restringida (más de 50 millones) acudirá a los tribunales por entender que se le niegan derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. La negativa a entregar la documentación se debe, según Pedro Bujidos, concejal de Hacienda, a que "la alcaldía presidencia con fecha 7 de los corrientes ordenó remitir a la intervención general la documentación elaborada a tal respect...
El PSOE ha dado un ultimátum al alcalde. Expira a las 10.00 de hoy. Si para entonces no tiene sobre la mesa las facturas de lo gastado por José María Álvarez del Manzano durante los últimos ocho años con cargo a su cuenta restringida (más de 50 millones) acudirá a los tribunales por entender que se le niegan derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. La negativa a entregar la documentación se debe, según Pedro Bujidos, concejal de Hacienda, a que "la alcaldía presidencia con fecha 7 de los corrientes ordenó remitir a la intervención general la documentación elaborada a tal respecto por los servicios responsables para que ejerza las funciones de control interno y de fiscalización de los actos de contenido económico de los órganos de Gobierno y Administración que tiene reservadas por ley (artículo 194 y siguientes de la ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales".Con esa declaración, el Gobierno municipal reconoce que ni el alcalde, ni su concejal de Hacienda, han enviado factura alguna de esta partida durante ocho años. En consecuencia, pese a las reiteradas frases de Bujidos de que todo estaba justificado hasta la última peseta, el interventor jamás ha tenido ocasión de comprobar la legalidad de tales gastos. Ahora, en febrero de 2000 tendrá que revisar facturas, caso de que existan, que se remontan a 1992.
El argumento de Bujidos para negar tal documentación al PSOE es la siguiente: "Una vez que la intervención emita sobre la documentación remitida el correspondiente de fiscalización, se procederá a ponerla a su disposición".
El PSOE entiende que la negativa por escrito de Bujidos "responde exclusivamente a un intento dilatorio". "Su única pretensión", denuncian, "es imponer trabas al ejercicio de nuestros derechos constitucionales, vulnerando con ello la legislación vigente en materia de acceso a la documentación pública por parte de los ediles. Derecho que es, en todo caso, independiente de la función fiscalizadora de la intervención y, por tanto, no puede estar supeditado a ella".