La huelga agrícola en El Ejido crea crispación entre los inmigrantes magrebíes y los europeos

La huelga de los inmigrantes marroquíes, en demanda de medidas de seguridad ante los ataques xenófobos que han sufrido durante tres días en El Ejido, comienza a inquietar a los empresarios agrícolas de la comarca del Poniente, en Almería, que se encuentran en plena recolección. En su segunda jornada, el paro se extendió ayer a la mayoría de los 10.000 invernaderos de la zona. Su ausencia está siendo suplida con inmigrantes de la Europa del Este, lo que ha empezado a causar brotes de tensión entre diferentes colectivos extranjeros. El número de detenidos por los graves disturbios de estos días ...

La huelga de los inmigrantes marroquíes, en demanda de medidas de seguridad ante los ataques xenófobos que han sufrido durante tres días en El Ejido, comienza a inquietar a los empresarios agrícolas de la comarca del Poniente, en Almería, que se encuentran en plena recolección. En su segunda jornada, el paro se extendió ayer a la mayoría de los 10.000 invernaderos de la zona. Su ausencia está siendo suplida con inmigrantes de la Europa del Este, lo que ha empezado a causar brotes de tensión entre diferentes colectivos extranjeros. El número de detenidos por los graves disturbios de estos días se eleva a 42, de los cuales 26 son magrebíes. Para intentar restablecer la convivencia, ayer visitaron la localidad dirigentes sindicales y políticos. Pero el alcalde, Juan Enciso (PP), optó por la desunión con un nuevo plante y una propuesta para repatriar a todos los sin papeles.

Los agricultores de El Ejido comienzan a dar señales de nerviosismo por el plante decretado por los inmigrantes magrebíes a raíz de los violentos incidentes desatados el sábado. Ante esta huelga indefinida en plena recta final de la recolección, los propietarios de invernaderos han optado por recurrir a contratar a trabajadores de países de Europa del Este para sustituir a los marroquíes. Es el caso de Miguel R.M., dueño de tres hectáreas en Santa María del Águila, que ayer se desplazó hasta Roquetas de Mar para contratar a cinco rumanos.Fuentes policiales expresaron su temor a que este hecho provoque conflictos entre los distintos colectivos extranjeros por el reparto del trabajo. Miguel R.M., uno de los primeros empresarios en recurrir a mano de obra europea, responsabiliza a la Administración central, por su pasividad, del brote de violencia racista vivido en la comarca. "La culpa no la tienen ni ellos, que han venido a buscarse la vida, ni los agricultores, que están asombrados por lo ocurrido", sostiene. El agricultor, que espera volver a contar con sus inmigrantes africanos cuando finalice el paro, teme que las "represalias" se ceben ahora con los empresarios agrícolas. La huelga, secundada de forma generalizada por los inmigrantes magrebíes que trabajan en las 10.000 explotaciones de la comarca del Poniente, constituye una "irresponsabilidad", según el secretario de organización de COAG en Almería, Antonio Oliver. La preocupación del sector ante el paro de los trabajadores se agrava al coincidir con la campaña de recolección de numerosos cultivos en un momento en que pueden beneficiarse de precios altos.

Aun así, Mustapha Ait-Korchi, representante de la Asociación de Emigrantes Marroquíes en España, anunció que mantendrán la huelga con carácter indefinido, salvo que se adopten unas medidas "mínimas" para regularizar la situación del colectivo y garantizar su "seguridad" después de que fueran asaltadas y destruidas parte de sus viviendas y continuasen las amenazas. El paro está cada vez más organizado, a través de una comisión central de coordinación y de piquetes.

Sin embargo, no todos los agricultores creen que la huelga les perjudica. Gabriel Martín, que ayer recogía pimientos junto a su hijo y su nuera en Santa María del Águila, es de la opinión de que podrán sacar adelante las cosechas sin la mano de obra magrebí. "Si se van todos los inmigrantes, este país no se vendrá abajo", dijo. Pese a esta convicción, el agricultor critica lo ocurrido en los últimos días.

A pesar de que la violencia ha desaparecido casi por completo de la zona, el despliegue policial -hay 675 efectivos en el área- se ha reforzado con la llegada de 20 vehículos todoterrenos y otras tantas motos para patrullar por el laberinto de caminos rurales ante el temor a que los enfrentamientos puedan trasladarse a lugares aislados. Las Fuerzas de Seguridad están especialmente en alerta durante el fin de semana.

Después de cinco días, ayer fue el primero en el que no hubo heridos, aunque sí nueve detenciones de magrebíes. En total, las fuerzas del orden han practicado ya 42 detenciones -26 magrebíes y 16 españoles, de los cuales 8 están relacionados con la brutal agresión al subdelegado del Gobierno, Fernando Hermoso, de 65 años-.

Los bomberos consiguieron sofocar por la mañana el espectacular incendio de un almacén de reciclaje de plásticos en Vícar. El siniestro, el segundo que afecta a una planta de almacenamiento de hule, está siendo investigado por la policía por las coincidencias en la forma en que se iniciaron ambos fuegos. También la sede de la Federación de Mujeres Progresistas de El Ejido, destruida el domingo, ha sufrido un nuevo percance: el robo de la documentación sobre inmigrantes recogida por la asociación.

Indemnización

El delegado del Gobierno en Andalucía, José Torres Hurtado, admitió ayer que los índices de delincuencia en El Ejido superan levemente los de otras poblaciones de dimensiones similares, aunque rehusó achacarlo a la presencia de inmigrantes en la zona. Torres avanzó que las Administraciones estudian la fórmula de indemnizar a los propietarios de las viviendas y negocios destruidos durante las jornadas de vandalismo xenófobo. Añadió que, pese a la relativa vuelta a la normalidad, el fuerte despliegue policial, que incluye helicópteros, se mantendrá "indefinidamente" para disuadir cualquier intento de disturbios.

El ministro portavoz del Gobierno, Josep Piqué, admitió ayer en barcelona que es necesario efectuar "una autocrítica" sobre el papel de las Fuerzas de Seguridad del estado en los incidentes racistas de El Ejido. Algo que ya había sugerido el ministro del Interior, jaime Mayor, quien sugería la creación de una Secretaría de Estado de Inmigración.