El Gobierno catalán rechaza el traspaso de 20 coches y 30 conductores del PMM
El Gobierno de la Generalitat rechazó el traspaso de 20 coches y 30 conductores del extinto Parque Móvil Ministerial (los que llevaban la matrícula PMM) y optó por encargar los servicios que éstos prestaban a empresas contratadas. Los motivos aducidos por el Gobierno catalán para rechazar el traspaso son de "eficacia y rentabilidad", ya que los vehículos, dijo un portavoz, son "muy viejos" y, además, es "más rentable encargar el servicio a una empresa externa". Los servicios que realizaban estos vehículos eran el traslado del personal judicial.
Desde el 1 de enero pasado, el Gobierno ca...
El Gobierno de la Generalitat rechazó el traspaso de 20 coches y 30 conductores del extinto Parque Móvil Ministerial (los que llevaban la matrícula PMM) y optó por encargar los servicios que éstos prestaban a empresas contratadas. Los motivos aducidos por el Gobierno catalán para rechazar el traspaso son de "eficacia y rentabilidad", ya que los vehículos, dijo un portavoz, son "muy viejos" y, además, es "más rentable encargar el servicio a una empresa externa". Los servicios que realizaban estos vehículos eran el traslado del personal judicial.
Desde el 1 de enero pasado, el Gobierno catalán ha asumido el traslado del personal judicial que tiene que realizar servicios fuera del juzgado. Estos funcionarios son trasladados en coche y hasta hace una semanas estos vehículos dependían de un organismo del Gobierno central llamado Parque Móvil Ministerial (PMM) que ha terminado por integrarse en el Ministerio de Administraciones Públicas.
El Gobierno central ofreció al Ejecutivo catalán entregarle los coches y traspasarle los conductores, asumiendo sus sueldos, pero la oferta fue rechazada. Los motivos que llevaron al Gobierno catalán a no aceptar ni coches ni personal fueron justificados, sobre todo, por lo obsoleto del material.
PASA A LA PÁGINA 6
Un servicio de coches de alquiler traslada al personal judicial
VIENE DE LA PÁGINA 1 "El coche más nuevo era de 1995, pero 16 eran de 1991 y los otros tres, uno de 1992, otro de 1989 y el último de 1988", un tiempo excesivo para un vehículo oficial usado por varias manos, explicó un portavoz del Departamento de Economía y Finanzas, del que depende la Dirección General de Patrimonio. Además, el Gobierno catalán no tiene un parque móvil, sino que cada departamento tiene sus propios coches, con su plantilla de conductores que se turnan en el transporte de los altos cargos. Lo único centralizado en relación con estos coches es la póliza del seguro.
Si las necesidades desbordan a la plantilla, acuden a servicios externos. Esta opción ha sido la que ha preferido ahora el Departamento de Justicia, al que compete el traslado del personal judicial.
Hay un elemento más en este traspaso sobre el que las partes dan versiones contrastadas. El Gobierno central sostiene que, además de los vehículos, se ofreció a la Generalitat una parte del aparcamiento público que éstos utilizaban en la Vila Olímpica. El Gobierno catalán, en cambio, mantiene que uno de los motivos que inclinaron la balanza hacia el no fue la negativa del Ejecutivo central a entregar este mismo aparcamiento, que ocupa 17.000 metros cuadrados en la calle del Doctor Trueta.
El Gobierno catalán no quiere entrar en polémica y se limita a defender su derecho a rechazar el traspaso de vehículos obsoletos y de un personal que no hubiera tenido encaje en su estructura actual. Desde el Gobierno central, en cambio, se pone de relieve la escasa disposición de la Generalitat a asumir funcionarios, incluso cuando no le cuestan dinero. Un portavoz del Gobierno añadió que, además, algunos traslados judiciales los sigue asumiendo el Gobierno central, pero en estos momentos tiene que facturarle los servicios al Gobierno catalán.
Un último frente del conflicto es la situación laboral de los funcionarios, que, sin apenas tareas que realizar, han perdido parte de los complementos salariales que antes tenían.
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