Las defensas de Intelhorce dicen que varios delitos ya han prescrito
La mayoría de los abogados defensores en el juicio de Intelhorce, que trata de aclarar la presunta venta fraudulenta y posterior descapitalización de la textil malagueña, solicitó ayer que se reconozca la prescripción de varios de los delitos imputados a los 27 encausados. El abogado defensor del empresario italiano Giovanni Orefici considera que han prescrito los delitos de estafa, cohecho, falsedad y delito societario que se imputan a su cliente. La defensa del ex director general de Improasa José Miguel Moreno García propuso asimismo la prescripción de los delitos anteriores y del delito de...
La mayoría de los abogados defensores en el juicio de Intelhorce, que trata de aclarar la presunta venta fraudulenta y posterior descapitalización de la textil malagueña, solicitó ayer que se reconozca la prescripción de varios de los delitos imputados a los 27 encausados. El abogado defensor del empresario italiano Giovanni Orefici considera que han prescrito los delitos de estafa, cohecho, falsedad y delito societario que se imputan a su cliente. La defensa del ex director general de Improasa José Miguel Moreno García propuso asimismo la prescripción de los delitos anteriores y del delito de fraude que también se le imputa a su defendido. En ambos casos, los abogados argumentan que estos delitos no pueden ser juzgados transcurridos más de cinco años.
Varios de los 15 abogados que intervinieron para defender la prescripción invocaron una resolución adoptada por la Audiencia Nacional con motivo del caso Interbroker en la que se precisa que el delito fiscal prescribe a los cuatro años, y no a los cinco, como establece el Código Penal en vigor.
El debate sobre la prescripción, que forma parte de las cuestiones previas del juicio, deberá reanudarse hoy para que todas las partes puedan exponer su postura, ya que en la sesión de ayer sólo hubo tiempo para la exposición de las defensas.
La de ayer fue la cuarta sesión de un juicio que se reanudó el 10 de enero después de que más de diez meses de sesiones tuvieran que ser anuladas por la jubilación del magistrado que presidía la vista. Las diligencias previas del caso empezaron en noviembre de 1994, tras una querella del sindicato UGT.