Ranchal "suspende" a las FAPA de Castellón y Valencia para evitar una asamblea extraordinaria
El presidente de la confederación valenciana de padres de alumnos (Covapa), José Antonio Ranchal, ha emprendido una estrategia para expulsar a las APA críticas a su gestión. A la expulsión de 11 agrupaciones de Alicante, se suma una maniobra del 23 de diciembre en la que Ranchal "suspende de sus derechos" a las 205 APA de la federación de Castellón y "anula" a la gestora de FAPA-Valencia, a la que tacha de "ilegal". Los escritos son en respuesta a sendas peticiones para convocar una asamblea extraordinaria, en la que se renueve a la directiva por supuestas irregularidades.
"Es lamentabl...
El presidente de la confederación valenciana de padres de alumnos (Covapa), José Antonio Ranchal, ha emprendido una estrategia para expulsar a las APA críticas a su gestión. A la expulsión de 11 agrupaciones de Alicante, se suma una maniobra del 23 de diciembre en la que Ranchal "suspende de sus derechos" a las 205 APA de la federación de Castellón y "anula" a la gestora de FAPA-Valencia, a la que tacha de "ilegal". Los escritos son en respuesta a sendas peticiones para convocar una asamblea extraordinaria, en la que se renueve a la directiva por supuestas irregularidades.
"Es lamentable que estemos en enero, y estemos parados", resume Amparo Paulí, presidenta de FAPA-Castellón, que ve con preocupación cómo los conflictos internos en la confederación están bloqueando el trabajo de las agrupaciones. El comunicado de que estaban "suspendidos de sus derechos" les llegó en plenas Navidades, "así, sin diálogo, ni comunicación", precisa. La escena se repitió de manera similar y en las mismas fechas en Valencia. En un escrito del 23 de diciembre, la "junta directiva de Covapa" comunica a la gestora que dirige FAPA-Valencia que desconoce su legitimidad ya que "su autoproclamación vulnera todas y cada una de las normas aplicables a cualquier asociación". La gestora asumió la presidencia en la última asamblea general celebrada en Xàtiva el 22 de noviembre, tras recibir el apoyo de 167 delegados a favor de su continuidad y 77 a favor de la presidencia de Toni Garcés, el número dos de Ranchal en la dirección de Covapa.Lo inusual en este caso es que el análisis de la crisis por la que atraviesa el movimiento de padres de alumnos de la Comunidad Valenciana -desde diciembre de 1998 cuando llegó Garcés a la presidencia de FAPA-Valencia y comenzó a tomar decisiones unilaterales de desmovilización y pactos con la Administración del PP sin consultar con las agrupaciones escolares- no lo hace la propia "junta directiva de Covapa", sino que "el dictamen" proviene del "abogado de Covapa, José E. Ferrer Gil [de Alicante]".
Ferrer Gil deniega a la gestora de FAPA-Valencia la capacidad para solicitar una asamblea extraordinaria haciendo, primero, "un breve relato histórico de los hechos que desembocaron en la llamada "comisión gestora"", donde, en la práctica, acusa a sus miembros de impedir que se celebrara la asamblea de Xàtiva [en la que 167 delegados votaron por la continuidad de la gestora y la salida de Garcés]. La versión del abogado, que no coincide con la información publicada en los distintos medios de comunicación presentes en la asamblea es que "la comisión ejecutiva de FAPA- Valencia, con el fin de evitar graves desórdenes, disolvió la citada asamblea". Ferrer Gil califica de "ilegal" a la gestora y recuerda que según los estatutos de Covapa (diseñados y redactados por Ranchal con la asesoría de la Consejería de Educación) sólo se convocará una asamblea extraordinaria "cuando lo acuerde la junta directiva o a petición de un tercio de las federaciones". Por último, el abogado insiste en "la nulidad de pleno derecho de la comisión gestora".
Es decir, expulsada la FAPA de Castellón y siendo "ilegal" la de Valencia, sólo Ranchal puede convocar a una asamblea extraordinaria, y no será precisamente para poner en juego su cargo, ya que en noviembre llegó a utilizar su "voto de calidad" para deshacer un empate técnico a una moción de censura que pedía su salida. Ranchal se enfrenta a un proceso judicial para ver si tiene responsabilidades en una serie de irregularidades que afectan a las facturas millonarias que maneja Covapa, que acaba de recibir 100 millones de pesetas para actividades y formación de los padres de alumnos, de los cuales, según los presupuestos de Covapa, 80 son íntegramente para el sueldo de los 14 padres liberados que trabajan para la confederación. Algo que en público se niega.
Por su parte, la gestora confirmó ayer que ha iniciado un proceso externo de auditoría a la gestión del delfín de Ranchal, Toni Garcés, que está incluido en la nómina de Covapa.