Tribuna

Inútiles fundaciones

Las fundaciones públicas sanitarias, nueva forma de gestión para los hospitales del Insalud, tratan de insertar en el ámbito del derecho público, tan transparente e inequívoco como rígido, pautas administrativas ágiles que aumenten la eficiencia en el uso de los recursos hospitalarios: prestar más asistencia con los mismos recursos o igual con menos. Siendo los recursos escasos por naturaleza, inevitablemente insuficientes siempre, el afán por mejorar la eficiencia del Sistema Nacional de Salud constituye no sólo un deber moral, sino también la precondición de la equidad y la calidad asistenci...

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Las fundaciones públicas sanitarias, nueva forma de gestión para los hospitales del Insalud, tratan de insertar en el ámbito del derecho público, tan transparente e inequívoco como rígido, pautas administrativas ágiles que aumenten la eficiencia en el uso de los recursos hospitalarios: prestar más asistencia con los mismos recursos o igual con menos. Siendo los recursos escasos por naturaleza, inevitablemente insuficientes siempre, el afán por mejorar la eficiencia del Sistema Nacional de Salud constituye no sólo un deber moral, sino también la precondición de la equidad y la calidad asistenciales. Así pues, el hecho de crear nuevas formas de cambio con tal intención es, en sí mismo, encomiable.No puede, sin embargo, decirse lo mismo de los criterios seguidos al crearlas, ni de las posibilidades reales que, a mi juicio, ofrecen. Sin previos ensayos ni siquiera simulaciones y, sobre todo, sin mostrar a los ciudadanos españoles, usuarios del sistema, los resultados de las fundaciones afines ya en funcionamiento, Alcorcón y Manacor, comparados con los hospitales/ no fundaciones, la razón de ser de esta nueva forma de gestión, es decir, el incremento de la eficiencia, sólo puede aceptarse por un acto de fe en el Gobierno. No se sabe si reducen o no los costes unitarios, si amplían la actividad sin aumentar el gasto, si rebajan los costes de administración, si facilitan la incorporación de técnicas médicas más coste-efectivas o de controles de calidad más finos, etcétera, y es pasmoso que con tal desconocimiento el Gobierno se atreva a proclamar las fundaciones como solución y a extenderlas por el país. Como la Reina de Corazones de Alicia, primero la condena y luego el veredicto.

No faltan, por otra parte, serios motivos para poner en cuestión, y hasta negar, la capacidad de las fundaciones públicas para añadir eficiencia al sistema. Resumo algunos:

A.El corto margen de gestión. No más del 30% del presupuesto del hospital (el restante 70% es absorbido por el coste, inflexible, de personal), y aún en ese 30%, la gestión no podrá desatarse de los compromisos del día a día y de la ley de contratos del Estado, que continúa siendo de aplicación obligatoria. ¿Qué espacio queda para ganar eficiencia?

B.La continuidad del contrato-programa. Un método burocrático distante de la eficiencia que hoy usan los hospitales y que, al crearse las fundaciones, debió sustituirse por el "presupuesto clínico", procedimiento que aviva la eficiencia técnica (eficiencia del acto médico) responsabilizando al médico de la gestión del presupuesto de su propio servicio.

C.La ausencia de riesgo. La "viabilidad económica" de la entidad queda expresamente garantizada por el Insalud, y no se encuentra en el reglamento alusión alguna a la responsabilidad de los directivos por los malos resultados económicos. No existe inquietud. Pero ¿es posible acrecentar la eficiencia sin atar los resultados de la gestión a la fundación y a los gestores?

D.Interferencias políticas. El director gerente de la fundación y todos los miembros del Consejo de Gobierno son nombrados y cesados libremente por el presidente ejecutivo del Insalud, un puesto político, sujeto, claro está, a los intereses partidarios. No sería extraño que, en ocasiones, se subordinen a ellos los valores personales y la preparación profesional de los candidatos a gestores. ¿Cabe una gestión eficiente sin independencia ni competencia suficientes?

E.Incertidumbre. En unos años, pocos, las comunidades autónomas que todavía no cuentan con competencias sanitarias las habrán recibido y el Insalud se habrá disuelto. Cada comunidad decidirá entonces sobre la continuación o no de las fundaciones. No se sabe lo que puede ocurrir, y la gestión eficiente se hace difícil en este marco incierto.

F.La lección británica. Los NKS-trusts, hospitales con notable autonomía y estimulados además por un fuerte incentivo -que las fundaciones no tienen- para ajustar costes y atraer clientes (eran vendedores en el "mercado interno"), no han elevado la eficiencia ni la calidad de los servicios, según concluye un análisis hecho en 1998 por un grupo de expertos del Reino Unido.

En fin, hay poco lugar para la esperanza. Las fundaciones públicas sanitarias me parecen mucho más ruido que nueces. Poco más que una buena intención expresada con timidez.

Enrique Costas Lombardía es economista

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