Los letrados de Intelhorce piden el traslado del caso a los tribunales de Madrid
El juicio del caso Intelhorce volvió a empezar ayer de cero en la Audiencia Provincial de Málaga, después de que la jubilación del magistrado que presidía la vista obligase a designar un nuevo tribunal que juzgase la causa desde el principio. El nuevo presidente de la sala, Federico Morales, se enfrentó en la primera sesión a la petición de varios de los letrados de que el caso se traslade a Madrid.El nuevo magistrado de Intelhorce está decidido a agilizar el desenlace de un proceso que ya está entre los más largos de la historia judicial española. Pero las cosas no son fáciles. La sesión de a...
El juicio del caso Intelhorce volvió a empezar ayer de cero en la Audiencia Provincial de Málaga, después de que la jubilación del magistrado que presidía la vista obligase a designar un nuevo tribunal que juzgase la causa desde el principio. El nuevo presidente de la sala, Federico Morales, se enfrentó en la primera sesión a la petición de varios de los letrados de que el caso se traslade a Madrid.El nuevo magistrado de Intelhorce está decidido a agilizar el desenlace de un proceso que ya está entre los más largos de la historia judicial española. Pero las cosas no son fáciles. La sesión de ayer empezó en medio de las protestas de medio centenar de trabajadores de la antigua textil que aclamaban al magistrado que comenzó a juzgar la causa en octubre de 1998 y que, diez meses después, sólo había llegado a dirimir las cuestiones previas e interrogar a tres acusados.
Una de las cuestiones que más preocupan a las partes es si la Audiencia de Málaga es o no competente para juzgar el caso. El problema es que la mayoría de los abogados, y el mismo presidente de la sala, que ya se vio obligado a pronunciarse al respecto en el juicio anterior, consideran que el caso debe ser juzgado en los tribunales de Madrid, bien en la Audiencia Nacional, o bien en la Audiencia Provincial.
Los que defienden esta opción argumentan que el principal delito, el de malversación de caudales públicos, se consumó en Madrid, ya que las ayudas públicas concedidas cuando se privatizó la textil se ingresaron en cuentas domiciliadas en esta ciudad. De los diez abogados que intervinieron ayer, siete se inclinaron por esta opción, pero el debate continuará hoy.