La juez rechaza archivar la denuncia contra el rector de la Rovira i Virgili
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Tarragona ha acordado incoar procedimiento abreviado contra el rector de la Universidad Rovira i Virgili (URV), Luis Arola, por un presunto delito de prevaricación y ha rechazado archivar la causa, tal y como había solicitado la defensa del denunciado.
La denuncia fue interpuesta por una de las profesoras de la universidad, que afirmó sentirse "represaliada" por facilitar un cuestionario de selectividad en castellano a un alumno. En los hechos también figuran como encausados además de Arola, el vicerrector, Estanislao...
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Tarragona ha acordado incoar procedimiento abreviado contra el rector de la Universidad Rovira i Virgili (URV), Luis Arola, por un presunto delito de prevaricación y ha rechazado archivar la causa, tal y como había solicitado la defensa del denunciado.
La denuncia fue interpuesta por una de las profesoras de la universidad, que afirmó sentirse "represaliada" por facilitar un cuestionario de selectividad en castellano a un alumno. En los hechos también figuran como encausados además de Arola, el vicerrector, Estanislao Pastor, y el coordinador de las pruebas de selectividad, Joan Igual. Los abogados de la URV recurrirán ese auto judicial, que en la práctica supone seguir adelante con la instrucción, y mostraron su confianza en que finalmente la juez -que hace únicamente dos meses que ha ocupado su puesto en Tarragona- opte por el archivo de la causa. El fiscal jefe de Tarragona, José María Parra, explicó ayer que todavía no ha decidido si se solicitará el archivo de la causa o si presentará escrito de acusación.
Hace unas semanas, la profesora denunciante, Josefina Albert, vio desestimado un recurso contencioso que invocaba vulneración de sus derechos fundamentales y fue entonces cuando acordó acudir a la vía penal. Albert fue apartada del tribunal de corrección de las pruebas de selectividad de este año después de que en 1998 facilitase a un alumno un ejemplar en castellano, ante las dudas de comprensión mostradas por éste. La normativa lingüística de la universidad explica que, en estos casos, la profesora debe aclarar las dudas al alumno.
Curiosamente, el Defensor del Pueblo dió la razón a la profesora y exhortó a la URV a restituirla en las pruebas de selectividad, mientras que el Síndic de Greuges avaló la postura de la universidad de apartarla de la corrección.