Una ley impedirá vender su relato a los niños asesinos de Liverpool
El Gobierno británico modificará la legislación vigente para evitar que Jon Venables y Robert Thompson, los dos niños de Liverpool que en 1993 asesinaron al pequeño Jamie Bulger, se lucren con su versión de lo sucedido. Sus familiares tampoco podrán cobrar de las editoriales que pretendan publicar libros con el relato del crimen. Jack Straw, ministro de Interior, considera repugnante que los criminales convictos saquen provecho de su pasado, y piensa prohibir indefinidamente la venta de sus relatos a la prensa.
En estos momentos, sólo hace falta que transcurran seis años desde la comisi...
El Gobierno británico modificará la legislación vigente para evitar que Jon Venables y Robert Thompson, los dos niños de Liverpool que en 1993 asesinaron al pequeño Jamie Bulger, se lucren con su versión de lo sucedido. Sus familiares tampoco podrán cobrar de las editoriales que pretendan publicar libros con el relato del crimen. Jack Straw, ministro de Interior, considera repugnante que los criminales convictos saquen provecho de su pasado, y piensa prohibir indefinidamente la venta de sus relatos a la prensa.
En estos momentos, sólo hace falta que transcurran seis años desde la comisión de un crimen para que el autor del mismo pueda ofrecer al mejor postor su historia. Jon Venables y Robert Thompson asesinaron a Jamie Bulger en 1993 y las restricciones legales serán levantadas en su caso el próximo año. Interior, que lleva varios meses preparando el nuevo proyecto de ley, sabe ya que las familias de ambos muchachos han recibido ofertas de varias editoriales deseosas de recoger su versión de hechos con ayuda de un escritor profesional.
"A Jack Straw le parece moralmente reprobable que los criminales puedan hacerse ricos a costa de lo que hicieron y de sus víctimas. Por eso se propone impedir de forma indefinida que lo hagan", han señalado portavoces ministeriales. Straw no podrá prohibir, sin embargo, la publicación de los mismos artículos o libros que le repugnan, siempre que el acuerdo haya sido gratuito. Dentro del propio laborismo, además, su postura ha sido puesta ya en duda. El presidente del Tribunal Supremo ha hecho saber que algunos relatos son "de interés público", y ello justificaría incluso el pago a los criminales.
El código deontológico propuesto por la Comisión de Quejas a la Prensa es un buen ejemplo de lo sugerido por el Supremo. Aunque es de aplicación voluntaria, prohíbe a los periódicos que paguen a los criminales y a sus cómplices por sus historias o fotos. Cuando se ha invocado el interés del público, la publicación de estos reportajes ha provocado debates a escala nacional.