Tribuna:

El AVE: Consenso social y político

Durante los últimos meses estamos asistiendo a un intenso debate político y social en torno a la necesidad de que Valencia, al igual que las principales ciudades de la Comunidad Valenciana, como es el caso de Alicante y Castellón, se integren, en el espacio de tiempo más breve, en la red de Alta Velocidad tanto española, como europea. Nos va en ello la capacidad de afrontar los retos que se nos avecinan en las mismas condiciones que el resto de regiones económicas más importantes.En este debate todo el mundo coincide, además de en su importancia, en la urgencia del proyecto y en la viabilidad;...

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Durante los últimos meses estamos asistiendo a un intenso debate político y social en torno a la necesidad de que Valencia, al igual que las principales ciudades de la Comunidad Valenciana, como es el caso de Alicante y Castellón, se integren, en el espacio de tiempo más breve, en la red de Alta Velocidad tanto española, como europea. Nos va en ello la capacidad de afrontar los retos que se nos avecinan en las mismas condiciones que el resto de regiones económicas más importantes.En este debate todo el mundo coincide, además de en su importancia, en la urgencia del proyecto y en la viabilidad; así como en que su definición satisfaga plenamente las necesidades de las diferentes áreas territoriales por las que deben discurrir los trazados. Solamente así se justifica una inversión multimillonaria que con el tiempo debe ser amortizada y rentabilizada.

A nadie se le escapa que Valencia y su área metropolitana con 1,5 millones de habitantes e importantísimos equipamientos, tanto de índole económica como cultural y lúdica, han de ser el principal punto de origen/destino de una infraestructura ferroviaria diseñada para competir, no sólo con el tráfico terrestre, sino incluso, con el aéreo. Ignorar este elemento supondrá, además de un intolerable gesto de discriminación del cap i casal, un enorme acto de irresponsabilidad que conducirá al fracaso uno de los proyectos estratégicos para comenzar el próximo siglo.

Si pretendo poner el acento en las posturas coincidentes de los sectores económicos y sociales más significativos, es porque contrasta llamativamente con la falta de definición de las administraciones autonómica y municipal. Es como si los dirigentes políticos elegidos para defender nuestros intereses, fueran incapaces de atender adecuadamente la demanda generalizada que les exige actuar con coherencia en la toma de decisiones.

En este sentido, no acierto a entender las maniobras dilatorias del presidente Zaplana, preocupado por no indisponerse con el Ministerio de Fomento, empecinado en defender la opción sur (por Albacete), opción que todos califican como un disparate técnico y económico. Pero mucho menos comprendo la actitud de Rita Barberá, que permanece "ciega, sorda y muda" ante la posibilidad de que se consume un error histórico que dejará a Valencia a 475 kilómetros de Madrid, con una duración del viaje no inferior a 2 horas y 10 minutos y con 2,7 millones menos de potenciales viajeros al año. ¿No son estos motivos suficientes para que la alcaldesa de Valencia se pronuncie con claridad en defensa de los intereses de la ciudad?

En reiteradas ocasiones, le he manifestado mi predisposición a caminar juntas en esa dirección y solamente he recibido por su parte descalificaciones, nunca argumentos.

Nos jugamos mucho los valencianos y valencianas en este asunto como para que sea objeto de disputas partidistas, al margen de las verdaderas necesidades de la ciudad.

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Nuestra responsabilidad como dirigentes políticos es buscar el máximo acuerdo que permita a las acciones de gobierno avanzar en el bienestar colectivo.

Por ello, seguiré insistiendo en que todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Valencia hagamos un pronunciamiento común en favor del trazado del AVE a Madrid más directo, es decir, la llamada opción norte (por Cuenca). Es la única que puede colmar las aspiraciones a las que legítimamente tenemos derecho. Se trata, en definitiva, de convertir en consenso político lo que ya es un consenso social.

Ana Noguera es portavoz del Grupo Municipal Socialista Progresista.

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