Tribuna:

Okupas

MIGUEL ÁNGEL VILLENA

En el abandonado teatro Princesa acaba de representarse una tragedia. Pero esta vez uno de los actores ha muerto de verdad. Con policías y okupas como protagonistas y con los vecinos como espectadores, el drama escenificado el pasado fin de semana ha contado también con un decorado auténtico en las callejas del casco antiguo de Valencia. Ahora bien, la tramoya del centro histórico ha ido desplomándose con el paso de los años a la espera, siempre a la espera, de la especulación. Pese a algunos parches de rehabilitaciones, el abandono de zonas como El Carme, Universit...

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MIGUEL ÁNGEL VILLENA

En el abandonado teatro Princesa acaba de representarse una tragedia. Pero esta vez uno de los actores ha muerto de verdad. Con policías y okupas como protagonistas y con los vecinos como espectadores, el drama escenificado el pasado fin de semana ha contado también con un decorado auténtico en las callejas del casco antiguo de Valencia. Ahora bien, la tramoya del centro histórico ha ido desplomándose con el paso de los años a la espera, siempre a la espera, de la especulación. Pese a algunos parches de rehabilitaciones, el abandono de zonas como El Carme, Universitat-Sant Francesc o Velluters ha ido acompañado de desidia, de incompetencia o, lo que es más grave, de complicidad municipal. Baste decir que, entre las miles de viviendas vacías de la capital, muchas de ellas se encuentran entre los límites de las antiguas murallas. Pero la imaginativa respuesta urbanística que han encontrado las autoridades ha sido enviar a las tropas antidisturbios para que desalojaran, a garrotazo y pelotazo limpio, a los jóvenes que ocupaban un teatro en ruinas. Entretanto, la ciudadanía tampoco se ha escandalizado en exceso, todo hay que decirlo, enfrascada en festivales de cine, partidos de fútbol y similares espectáculos de pan y circo.

Quizá pueda sonar a cierta demagogia defender los derechos de los okupas al hilo de una actualidad sangrienta, pero una reciente sentencia absolutaria del Tribunal Superior de Madrid a propósito de otra okupación en el castizo barrio de Lavapiés afirma lo siguiente: "La ocupación fue llevada a cabo de forma organizada con una finalidad exclusivamente política, como modo de expresar una protesta ante la imposibilidad de utilizar ciertos inmuebles públicos en desuso cuando éstos son susceptibles de satisfacer determinadas necesidades sociales". Se puede decir más alto, pero no más claro. Cerca de 600 personas se autoinculparon a raíz de aquellos desalojos de Lavapiés y reclamaron algo tan obvio que hasta figura en la Constitución: el derecho a la vivienda. Por ejercer ese derecho la farsa derivó en tragedia y terminó con un muerto.

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