Los regantes recelan del anuncio de CiU de construir el canal Segarra-Garrigues en siete años
El canal Segarra-Garrigues lleva camino de convertirse en el Guadiana. El proyecto de construcción tan pronto entra en una fase de hibernación como reaparece en cada periodo electoral. Convergència i Unió (CiU) anunció ayer la existencia de un principio de acuerdo de financiación de la obra con el Gobierno central cuyo protocolo se firmará antes de las elecciones. Los regantes recelan de este clase de anuncios por considerar que, como ha ocurrido en anteriores ocasiones, puede tratarse de un mero gesto propagandístico. El acuerdo prevé ejecutar la obra en unos siete años.
Diversos dirig...
El canal Segarra-Garrigues lleva camino de convertirse en el Guadiana. El proyecto de construcción tan pronto entra en una fase de hibernación como reaparece en cada periodo electoral. Convergència i Unió (CiU) anunció ayer la existencia de un principio de acuerdo de financiación de la obra con el Gobierno central cuyo protocolo se firmará antes de las elecciones. Los regantes recelan de este clase de anuncios por considerar que, como ha ocurrido en anteriores ocasiones, puede tratarse de un mero gesto propagandístico. El acuerdo prevé ejecutar la obra en unos siete años.
Diversos dirigentes de CiU se apresuraron ayer a anunciar la inminente firma, antes de final de mes, del protocolo de financiación de este canal, entre ellos el consejero de Obras Públicas, Pere Macias, y el portavoz de la coalición en el Congreso, Josep López de Lerma. El canal Segarra-Garrigues es una infraestructura hidráulica de dimensiones casi faraónicas -más de 100 kilómetros de canales- que convertirá en regadío unas 91.000 hectáreas de secano de seis comarcas de Lleida: la Noguera, Les Garrigues, el Segrià, el Urgell, la Segarra y el Pla d"Urgell. Desde hace décadas, el proyecto del Segarra-Garrigues ha engendrado no sólo muchas esperanzas entre los 20.000 futuros usuarios de estas comarcas, sino también falsas ilusiones ante el sistemático incumplimiento de los supuestos acuerdos y calendarios anunciados periódicamente por los políticos. Por eso, no es extraño que, en vísperas de unas elecciones autonómicas, los regantes vuelvan a desconfiar del anuncio hecho ayer por los dirigentes de CiU. De hecho, la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, dijo en Mollerussa el pasado marzo que este año no se firmaría ningún convenio con la Generalitat para la financiación de la obra. Un mes antes, los consejeros Pere Macias y Francesc Xavier Marimon habían anunciado a bombo y plantillo la existencia de un acuerdo, pero a las pocas horas el Ministerio de Medio Ambiente emitió un duro desmentido. Carles Benet, presidente de la junta de futuros regantes, señaló ayer que desconoce en qué términos ha sido negociado el convenio y añadió que no dará crédito a su existencia hasta que lo vea plasmado en un documento oficial. "Lo que pueda decir ahora López de Lerma no significa nada para mí. Cuando Madrid anuncie oficialmente la firma del protocolo me lo creeré", afirmó Benet. Dirigentes de los partidos de la oposición, el PSC e IC, también se han mostrado escépticos respecto al enésimo anuncio convergente. El candidato socialista por Lleida, Antoni Siurana, dijo con ironía que el canal sólo se construirá cuando Pasqual Maragall sea presidente de la Generalitat. No obstante, López de Lerma precisó ayer que la firma del acuerdo puede resultar compleja porque todavía tiene que superar el visto bueno de todas las administraciones implicadas en el proyecto, especialmente de los ministerios de Economía y Medio Ambiente y de los departamentos de Política Territorial, Finanzas, Agricultura y Medio Ambiente. El presupuesto de la obra asciende a 164.000 millones de pesetas. El acuerdo previo para la financiación del canal prevé una aportación de la Administración central de 54.000 millones para las obras del canal principal y del embalse de cola que se construirá en la localidad de L"Albaigès. Los 110.000 millones restantes serán financiados por la Generalitat y los regantes en un plazo de 25 años. En los presupuestos generales de este año había consignada una partida testimonial de 600 millones, cantidad que se destinará a la elaboración de los anteproyectos técnicos y de impacto ambiental. López de Lerma explicó que tanto el Gobierno central como CiU tienen la decidida voluntad de acelerar al máximo los trámites administrativos para poder ejecutar las obras del canal en un plazo máximo de siete u ocho años, un periodo que supone una novedad y que contrasta con los 25 años que se habían apuntado en anteriores previsiones. Por otra parte, en la negociación de los presupuestos para el próximo año CiU ha conseguido arrancar al Gobierno central 200.000 millones de pesetas para la construcción de diversas infraestructuras en Cataluña, lo que significa el 16,6% del total de las inversiones en España. Entre las obras destacan la tercera pista de El Prat (23.459 millones), el AVE (79.919 millones), la depuradora del Baix Llobregat y diversos proyectos en carreteras (35.620 millones) y en los puertos de Barcelona y Tarragona (11.600).