Los jueces suspenden la ordenanza que prohíbe a los funcionarios ser taxistas
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha suspendido cautelarmente el precepto de la ordenanza municipal que prohíbe a los funcionarios compatibilizar su trabajo con el negocio del taxi. El tribunal ha tomado esta decisión en un auto cuyo contenido tiene carácter ejecutivo inmediato, pues paraliza, al menos hasta que dicte una sentencia sobre este caso, la orden municipal que impone al taxista Antonio M. A. a optar entre su licencia y su puesto de funcionario del Ayuntamiento de Madrid. "Mi marido trabaja por la tarde en el taxi porque con un sólo sueldo no podíamos tirar", dijo ayer a El ...
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha suspendido cautelarmente el precepto de la ordenanza municipal que prohíbe a los funcionarios compatibilizar su trabajo con el negocio del taxi. El tribunal ha tomado esta decisión en un auto cuyo contenido tiene carácter ejecutivo inmediato, pues paraliza, al menos hasta que dicte una sentencia sobre este caso, la orden municipal que impone al taxista Antonio M. A. a optar entre su licencia y su puesto de funcionario del Ayuntamiento de Madrid. "Mi marido trabaja por la tarde en el taxi porque con un sólo sueldo no podíamos tirar", dijo ayer a El PAÍS Beatriz, esposa de Antonio. "Recuerdo que no hace mucho me dijo que a lo mejor tenía que dejar el taxi porque le obligaban en el Ayuntamiento. Luego sé que puso el tema en manos de un abogado, pero nada más", agregó. Antonio M. A. trabaja por las mañanas en el Ayuntamiento y dedica las tardes al taxi, cuya licencia adquirió hace años, según explicó Beatriz: "El Ayuntamiento no nos ha regalado la licencia, la compró mi marido y costó mucho dinero; quiero decir que no se trata de ningún regalo, fue comprada legalmente y para ello tuvimos que vender un piso". Beatriz asegura que en similar situación que su marido "hay otros muchos taxistas, que no tienen más remedio que tener otro trabajo para vivir, porque el taxi está hoy muy mal". La citada ordenanza entró en vigor en agosto de 1998 y fue elaborada al amparo del llamado Libro Blanco del taxi, de 1996, con la finalidad de regular la situación del sector y, paralelamente, luchar contra el intrusismo.
En Madrid hay en la actualidad algo más de 15.600 taxistas. De ellos, varios miles están pluriempleados, sin papeles y sin afiliación a la Seguridad Social, según han denunciado las asociaciones de taxistas. Basándose en la citada normativa, el ex primer teniente de alcalde y responsable del área de Policía Municipal, José Ignacio Echeverría, dictó un decreto el pasado 15 de enero de 1999 en el que declaraba incompatible la licencia del taxi que posee Antonio M. A. con su otro trabajo de funcionario. A la vez se le ordenó que optase por una u otra actividad.
PASA A LA PÁGINA 3
El Ayuntamiento invitó al taxista a vender su licencia para resarcirle de la pérdida causada por la prohibición
VIENE DE LA PÁGINA 1Si optaba por seguir como funcionario, el Gobierno municipal tenía previsto invitarle a que vendiera su licencia de taxi para "resarcirse" del consiguiente perjuicio económico que podría reportarle tal decisión.
Fue entonces cuando el afectado presentó un recurso contra el decreto y pidió amparo a la Sección Segunda del Tribunal Superior de Madrid. Esta instancia judicial -que es la que resuelve todos los pleitos que plantean los ciudadanos contra los acuerdos municipales- le ha dado, de momento, la razón y ha dejado en suspenso la resolución dictada por Echeverría y luego ratificada por el alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano.
El tribunal ha remitido el auto al Ayuntamiento, en el que "interesa el inmediato acuse de recibo" y le recuerda que debe informarle de que "ha llevado" la orden "a puro y debido cumplimiento".
Al tratarse de un auto, distinto de una sentencia, los jueces de esta sala no han entrado en el fondo del asunto. No obstante, utilizan la vía del auto "para procurar una tutela judicial efectiva" al recurrente y evitar el perjuicio que podría acarrearle el tener que optar ya por abandonar una de sus actividades. Si le obligan ahora, antes de que el tribunal dicte sentencia y entre en el fondo del asunto, a vender la licencia, difícilmente podría recuperarla en el futuro, aunque el fallo judicial le fuese favorable. Igual sucedería si abandona su puesto municipal y opta por seguir con la licencia. El tribunal interpreta que "la finalidad" del recurso presentado por el taxista Antonio M. A., de 66 años, "es legítima", y justifica la suspensión cautelar de este acto administrativo en el perjuicio que puede ocasionar al "interés público" su no suspensión, dado que los afectados podrían "mantener paralizados sus vehículos, con consecuencias fácilmente deducibles".
Aunque el Tribunal Superior se ha pronunciado sólo sobre el caso de Antonio M. A., su decisión cabe extrapolarla a otras situaciones similares. Cualquier taxista en situación parecida que acuda ante esta instancia, obtendrá una respuesta idéntica.