Respaldo unánime de los partidos a la ley sobre las víctimas del terrorismo

Los grupos parlamentarios decidieron ayer por unanimidad tomar en consideración la proposición de ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo, que será aprobada en el pleno de mañana mediante un mecanismo extraordinario.Según el texto, el Estado pagará 50.000 millones de pesetas a las víctimas de atentados terroristas, pero, como destacaron diferentes partidos, la ley es sobre todo un reconocimiento público a esas personas. El PNV, Eusko Alkartasuna (EA) e Izquierda Unida (IU) incluso anunciaron una posible ampliación de la ley para abarcar más supuestos.

El Congreso de los Diput...

Los grupos parlamentarios decidieron ayer por unanimidad tomar en consideración la proposición de ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo, que será aprobada en el pleno de mañana mediante un mecanismo extraordinario.Según el texto, el Estado pagará 50.000 millones de pesetas a las víctimas de atentados terroristas, pero, como destacaron diferentes partidos, la ley es sobre todo un reconocimiento público a esas personas. El PNV, Eusko Alkartasuna (EA) e Izquierda Unida (IU) incluso anunciaron una posible ampliación de la ley para abarcar más supuestos.

El Congreso de los Diputados aprovechó su primera sesión, tras las vacaciones veraniegas, para tomar en consideración esta proposición de ley en un clima de solemnidad y unanimidad. El presidente de la Cámara, el popular Federico Trillo, resaltó que, con un trámite de urgencia, la ley se aprobará en el pleno del jueves. El presidente del Gobierno, José María Aznar, dijo de esta norma en su momento que justificaba el agotamiento de la legislatura.

Desde las tribunas siguieron la sesión la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ana María Vidal Abarca; la viuda de Juan Carlos García Goena, la última víctima de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL); y la hija de Carlos Díaz Arcocha, el primer superintendente de la Ertzaintza asesinado por ETA en 1985. También se hallaba entre el público el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco, Íñigo Urkullu, del PNV.

Distintos baremos

La proposición de ley, que afectará a todos los atentados cometidos desde el 1 de enero de 1968, compromete al Estado a indemnizar a las víctimas del terrorismo con 50.000 millones de pesetas, en concepto de responsabilidad subsidiaria, a través de un sistema de baremos que oscila entre los 23 millones de pesetas por fallecimiento a los 6 millones por incapacidad permanente parcial y secuestro. La proposición comprende a las víctimas de todo tipo de terrorismo y tiene como principal objetivo su reconocimiento social, que se concretará con una real orden específica.En la sesión de ayer, en la que intervinieron los portavoces de todos los grupos, hubo una especial insistencia en el reconocimiento social de las víctimas de un terrorismo que trata de quebrar una democracia de la que se benefician todos los ciudadanos.

También hubo unanimidad en enlazar este reconocimiento como un escalón necesario dentro del proceso de paz en el País Vasco.

La mayoría de los grupos aprovecharon la oportunidad para dirigirse a ETA y señalarla como la única banda terrorista que aún no ha decidido y proclamado el cese definitivo de la violencia.

Los portavoces de Izquierda Unida, Felipe Alcaraz; del PNV, Margarita Uría, y de EA, Begoña Lasagabaster, expresaron su apoyo a esta proposición de ley, pero recordaron un compromiso verbal de todos los grupos, realizado en junio pasado, de ampliarla posteriormente a otros supuestos, en referencia a las víctimas de actuaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la etapa predemocrática.

Alcaraz citó la muerte de tres obreros en Granada, en 1970, y de cinco en Vitoria, en 1976, por disparos de la Policía Armada en la disolución de sendas manifestaciones laborales. Uría aludió asimismo a los trabajadores fallecidos en Vitoria, ametrallados tras ser desalojados de una iglesia en la que se habían concentrado.

La diputada peneuvista también precisó que su grupo tiene intención de seguir de cerca la aplicación de la ley y que, si no consiguen extenderla a las víctimas de los excesos policiales en la etapa predemocrática, reclamarán una nueva.