Jueces y salarios

Las reivindicaciones salariales de los jueces han desplazado, en el inicio de este año judicial, los consabidos chequeos sobre el estado de salud de la justicia. El acto oficial de apertura, celebrado en la sede del Tribunal Supremo, fue sobrio y solemne como corresponde a la tradición, pero tuvo en los vestíbulos de los palacios de justicia réplicas más efectistas y menos ceremoniosas: asambleas y concentraciones de jueces reividicando sonantes y contantes aumentos salariales. La imagen resulta a tal extremo insólita que hay que remontarse a 1988 para encontrar el precedente de unos jueces qu...

Las reivindicaciones salariales de los jueces han desplazado, en el inicio de este año judicial, los consabidos chequeos sobre el estado de salud de la justicia. El acto oficial de apertura, celebrado en la sede del Tribunal Supremo, fue sobrio y solemne como corresponde a la tradición, pero tuvo en los vestíbulos de los palacios de justicia réplicas más efectistas y menos ceremoniosas: asambleas y concentraciones de jueces reividicando sonantes y contantes aumentos salariales. La imagen resulta a tal extremo insólita que hay que remontarse a 1988 para encontrar el precedente de unos jueces que amenazaron con la huelga al entonces ministro de Justicia, Enrique Múgica.Como era previsible, los discursos oficiales guardaron silencio sobre este capítulo. Pero es difícil no ver alguna relación entre la "desertización" judicial -ese nuevo mal que, según afirmó ayer el presidente del Consejo General de Poder Judicial, Javier Delgado, amenaza a la Admistración de justicia y de paso a los ciudadanos- y el esquema retributivo de jueces y fiscales. Empieza a haber síntomas de que se reduce el número de los aspirantes a juez, lo que, unido a las jubilaciones, puede producir en los próximos años un apreciable número de plazas vacantes en los juzgados y tribunales. Es un fenómeno que habrá que seguir con atención a partir de ahora. Pero, siendo discutible el nivel salarial de los juzgadores, no parece que hayan elegido el mejor camino para defender sus aspiraciones. Los ciudadanos, que sufragan con sus impuestos a los profesionales de la justicia, difícilmente pueden apoyar una subida salarial del 25%, por más que se argumente que han perdido un 18% de capacidad adquisitiva en los últimos 10 años. Es posible estudiar, sin duda, su reivindicación de que el Parlamento desarrolle la previsión legal contenida en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 de elaborar una ley específica de retribuciones de la función judicial que contemple mecanismos de negociación salarial y de condiciones de trabajo como ya sucede en otros ámbitos del funcionariado; pero los salarios de los jueces no pueden alejarse abismalmente, ni en cantidades ni en porcentajes, de los niveles retributivos propios de los escalones medios y superiores de la función pública.

Vincular el nivel salarial a la independencia judicial, como ha insinuado el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, es sencillamente un despropósito que desnuda de razón a su autor. Pero no lo es completar el estatuto de los jueces con una ley que preserve sus niveles salariales de los golpes de efecto, a favor o en contra, de los gobiernos de turno. Con esa ley vigente, habría sido más difícil agraciar a los magistrados del Supremo con incrementos retributivos del 60% como sucedió hace año y medio, provocando en el seno de la judicatura una fractura salarial que ha sembrado agravios y descontentos.