Aquellos sueldos de 2.000 pesetas

Lo de pasar más hambre que un maestro de escuela fue en España, durante muchos años, algo más que una frase hecha. Ahora vivimos tiempos de homologaciones salariales y pactos sociales por la mejora de la enseñanza, pero el gremio de los profesores conoció en carnes, desde principios de siglo y durante largas décadas, lo que significaba vivir con lo puesto. A título de ejemplo, la ley de presupuestos generales del Estado de los años 1920-1921 incluía una disposición del ministerio de Instrucción Pública según la cual los maestros disfrutaban "el sueldo de entrada de 2.000 pesetas y el ascenso ...

Lo de pasar más hambre que un maestro de escuela fue en España, durante muchos años, algo más que una frase hecha. Ahora vivimos tiempos de homologaciones salariales y pactos sociales por la mejora de la enseñanza, pero el gremio de los profesores conoció en carnes, desde principios de siglo y durante largas décadas, lo que significaba vivir con lo puesto. A título de ejemplo, la ley de presupuestos generales del Estado de los años 1920-1921 incluía una disposición del ministerio de Instrucción Pública según la cual los maestros disfrutaban "el sueldo de entrada de 2.000 pesetas y el ascenso máximo a 2.500, mediante su escalafón de antigüedad". Lo curioso es que, tres párrafos más arriba, esa misma disposición apuntaba: "En los establecimientos oficiales de enseñanza se concederán matrículas gratuitas en beneficio de los que revelen capacidad para los estudios y carezcan de medios económicos (...). Se considera que carecen de recursos necesarios los que disfruten haber líquido inferior a 3.000 pesetas anuales o los hijos de familia cuyos padres disfruten haber no mayor a 3.000 pesetas". Es decir, los maestros y sus hijos ya disfrutaban tácitamente de la gratuidad de sus matrículas hace 79 años, puesto que ninguno alcanzaba el listón de los "recursos necesarios".

El 18 de mayo de 1923, el entonces ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Joaquín Salvatella, promulgó un "estatuto general del magisterio" en el que ya se incluían algunas ayudas al cuerpo, como complementos de destino (en función de la población de la localidad) y alojamiento subvencionado. Poco después, se hizo oficial la extensión de matrículas para los funcionarios y sus vástagos. Y así, en la Comunidad de Madrid, hasta el pasado 1 de julio.