Las diputaciones forales maniobran para evitar que el Tribunal europeo juzgue el Concierto Han pedido al Contencioso que desista del procedimiento que llevó el caso a Luxemburgo
Las Diputaciones forales intentan evitar a la desesperada que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea enjuicie la compatibilidad de los incentivos fiscales forales con el Tratado de la UE, un pronuncimiento que se presume desfavorable para sus tesis tras las contundentes conclusiones adelantadas el 1 de julio por el abogado general de la Corte de Luxemburgo. Para ello han solicitado a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que declare que no hay motivo de controversia, ya que las normas fiscales que dieron lugar a la cue...
Las Diputaciones forales intentan evitar a la desesperada que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea enjuicie la compatibilidad de los incentivos fiscales forales con el Tratado de la UE, un pronuncimiento que se presume desfavorable para sus tesis tras las contundentes conclusiones adelantadas el 1 de julio por el abogado general de la Corte de Luxemburgo. Para ello han solicitado a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que declare que no hay motivo de controversia, ya que las normas fiscales que dieron lugar a la cuestión prejudicial (consulta) presentada en 1997 por la sala ante el Tribunal europeo se encuentran derogadas, informó ayer Vasco Press. En el caso de que la Sala de lo Contencioso acepte que ya no existe pleito por el motivo invocado, decaería de forma automática la consulta que elevó a la Corte de Luxemburgo. El posible pronunciamiento contrario de ésta mantiene en estado de alarma a la Administración vasca, especialmente tras el informe previo presentado por el juez (abogado general, en la terminología comunitaria) Antonio Saggio. En su dictamen, Saggio consideró que los incentivos fiscales concedidos por las diputaciones forales a las empresas que invierten en sus territorios deben ser consideradas ayudas de Estado, prohibidas por el Tratado de la Unión. Fuentes jurídicas calificaron ayer de "bastante ingeniosa" la iniciativa de las diputaciones, que fue presentada a mediados del pasado mes de julio, tras conocerse el parecer del abogado general del Tribunal de Luxemburgo. En sus escritos, las instituciones forales solicitan a la Sala de lo Contencioso que, de aceptar que ya no hay motivo para la consulta realizada, lo comunique al Tribunal europeo antes del 15 de septiembre próximo, en que concluye su periodo de vacaciones, antes de que dicte sentencia. En consecuencia, la sala debera resolver en los próximos días sobre esta delicada cuestión. PASA A LA PÁGINA 3