Sobreseída la causa contra el comisario y dos inspectores de policía de Fuengirola
El titular del Juzgado Mixto número 5 de Fuengirola, Antonio Fernández, ha sobreseído el procesamiento del comisario Fernando Martínez y de dos inspectores de policía, Pedro Parrilla y José Pedro González, a los que se había implicado en una operación de narcotráfico en esta localidad de la Costa del Sol. En un auto del pasado 28 de abril, dictado por el magistrado José Ángel Castillo -que era entonces el titular del Juzgado número 5-, se acusaba al comisario de detención ilegal y de denuncia falsa. A los inspectores, además, se les atribuía un supuesto delito contra la salud pública. Cuatro ...
El titular del Juzgado Mixto número 5 de Fuengirola, Antonio Fernández, ha sobreseído el procesamiento del comisario Fernando Martínez y de dos inspectores de policía, Pedro Parrilla y José Pedro González, a los que se había implicado en una operación de narcotráfico en esta localidad de la Costa del Sol. En un auto del pasado 28 de abril, dictado por el magistrado José Ángel Castillo -que era entonces el titular del Juzgado número 5-, se acusaba al comisario de detención ilegal y de denuncia falsa. A los inspectores, además, se les atribuía un supuesto delito contra la salud pública. Cuatro meses después, Fernández, el juez que ocupa actualmente el lugar de Castillo, no ha encontrado "indicios racionales de criminalidad" en la conducta de los funcionarios, y por tanto los ha exculpado. El 10 de julio de 1998, un equipo de agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Comisaría de Málaga, mientras investigaba un caso de tráfico de estupefacientes, sorprendió a los dos inspectores de policía pasando un paquete con 10 kilogramos de cocaína de un coche policial camuflado a otro vehículo. Cuando se les preguntó al respecto, Parrilla y González adujeron que estaban haciendo una entrega controlada judicialmente. Pero el juez Castillo no lo creyó así, porque señaló en su auto que los funcionarios pretendían obtener beneficios de la venta de la droga. El magistrado Fernández, por el contrario, ha restado credibilidad a estos indicios, de los que dice que son, "en el mejor de los casos, vagas indicaciones o livianas sospechas". El juez añade que "no se debe llegar a la grave medida del procesamiento por simples conjeturas", y aboga por la máxima cautela y prudencia "en atención a la alarma social" que crea el encausamiento de altos cargos policiales, que, añade, también deben beneficiarse de la presunción de inocencia. El magistrado Fernández explica en su auto que, más que un acto delictivo, lo que se produjo en este caso fue una irregularidad de índole administrativa. Según relata, los policías tenían autorización judicial para proceder a esta entrega controlada el 9 de junio de 1998, pero como en ese momento la operación se frustró, volvieron a intentarlo un mes después. Esta irregularidad, añade, debe depurarse en todo caso en el correspondiente expediente disciplinario, pero no constituye delito. Para el juez Fernández, "parecería absurdo o irracional desarrollar una actividad delictiva de tráfico de drogas utilizando medios materiales y personas que [los policías] sabían que eran objeto de investigación judicial". El magistrado hace constar en el auto que los dos inspectores empleaban un coche de la policía, que estaban muy cerca de la comisaría y, además, que les ayudaban en la operación sus confidentes habituales.