"Es necesario intervenir en el mercado del suelo"
P. ¿Cómo explica el encarecimiento de la vivienda? R. El Gobierno no se ha dado cuenta que el cambio de la situación del mercado hipotecario requería unas actuaciones distintas en materia de vivienda y ha expulsado a los ciudadanos de la política de protección oficial y los ha enviado a la de viviendas libres, que es gratis para el Gobierno. Además, la ley del suelo ha sido un desastre, y ha tenido el efecto contrario al que pretendía, ya que no sólo no se ha abaratado el suelo, sino que asistimos al mayor proceso especulativo de los últimos años. El resultado es doloroso: Los ciudadanos espa...
P. ¿Cómo explica el encarecimiento de la vivienda? R. El Gobierno no se ha dado cuenta que el cambio de la situación del mercado hipotecario requería unas actuaciones distintas en materia de vivienda y ha expulsado a los ciudadanos de la política de protección oficial y los ha enviado a la de viviendas libres, que es gratis para el Gobierno. Además, la ley del suelo ha sido un desastre, y ha tenido el efecto contrario al que pretendía, ya que no sólo no se ha abaratado el suelo, sino que asistimos al mayor proceso especulativo de los últimos años. El resultado es doloroso: Los ciudadanos españoles llevan muchos años apretándose el cinturón en la política de convergencia para conseguir que bajen los tipos de interés, pero al final quien se está beneficiando son los propietarios del suelo y los especuladores. Los tipos de interés ya no están al 12% o al 13%, pero las viviendas han subido un 25% en dos años.. P. ¿El proyecto de ley de Urbanismo de su Consejería es por eso intervencionista? R. Claramente. Si queremos tener una política de vivienda de verdad asequible a todos, creemos imprescindible intervenir en un mercado tan rígido como el del suelo, que está sujeto a permanentes tensiones inflacionistas y especulativas y en el que la oferta y la demanda no se encuentran fácilmente con naturalidad. No es mucho más intervencionista que la legislación clásica española. El único elemento nuevo es el Patrimonio del Suelo Público. Hay otro elemento de intervención que no se puede considerar intervencionista y es la aparición de la figura del urbanizador y el edificador cuando no actúen los propietarios, eso es para poner suelo en el mercado y evitar especulación. P. ¿Cómo se articula ese Patrimonio Público del Suelo al que los ayuntamientos incluso estarán obligados a destinar parte de las multas y cánones? R. La ley del Suelo del Estado pone dificultades a la intervención de la Administración porque ha cambiado el régimen de valoración y ha encarecido los suelos. El valor de expropiaciones antes era el valor residual y ahora es el de mercado, por lo que la expropiación vale lo mismo que la compra. La administración pública debe acaparar suelo para ponerlo en el mercado cuando haya tensiones en el mercado y evitar el encarecimiento de la vivienda. La ley permite la diversificación del destino, porque el suelo municipal ya no sólo suelo será para viviendas de promoción oficial. P. ¿Una de las aspiraciones últimas de esta ley es frenar la expansión física de las ciudades?. R. El problema no es que tengamos poca ciudad, sino mala ciudad, y queremos mejorar la ciudad existente. Creo que las ciudades actuales son capaces de residenciar a la población, pero hay que equiparlas bien y dignificarlas, en lugar de pensar en una expansión sin límite que siempre crea dificultades de transportes y de servicios y establece ciudadanos de distintas categorías.
"No se debe permitir regar mientras no esté garantizado el suministro a las ciudades"
Pregunta. Durante su gestión se han realizado proyectos de planificación como el Plan de Ordenación del Territorio, el Plan Director de Infraestructuras o los intermodales de transportes cuya ejecución está comprometida por las dificultades de entendimiento entre la Junta y el Gobierno. Respuesta. No son exactamente dificultades de entendimiento. Es algo peor: dificultades de diálogo. El gobierno del PP ha vulnerado el Estado de derecho en su relación con la comunidad autónoma. Permanentemente ha intentado castigar a Andalucía sin ningún tipo de escrúpulo ni sonrojo. Por ejemplo: las únicas cuencas intracomunitarias no transferidas son las andaluzas, en cuatro años no se ha invertido un sólo duro en obras hidráulicas cuando esta comunidad es precisamente la que más problemas tiene de agua. En carreteras, hay una discriminación permanente. Este es un Gobierno sin proyectos y sin iniciativas, pero cuando la Junta las toma, se cogen una rabieta infantil. Creo que los resultados de las últimas elecciones le evidencian al Gobierno y al PP que ese no es el camino. El Gobierno del PP ha sido un mal gestor de una buena herencia. P. El problema es que ahora hay un periodo de sequía y la situación no ha mejorado desde el anterior. R. No se han hecho inversiones ni absolutamente nada, sólo hablar del libro blanco, de los planes hidrológicos, de la reforma de la legislación, pero ni siquiera hay una política activa en el ahorro del agua. La hoja de servicios de la ministra Tocino es de lo más nefasta. P. ¿Y la Junta? Ahora están haciendo un inventario de las necesidades de abastecimiento. Parece un poco tarde... R. Hemos tomado iniciativas importantes, como el plan para que el abastecimiento en toda Andalucía se realice por mancomunidades para garantizar mejores servicios. Ahora hay funcionando 42 sistemas supramunicipales y un 75% de la población tiene garantizada el agua en caso de dificultades. Hemos invertido 130.000 millones sin tener más competencias que el auxilio a los ayuntamientos para el abastecimiento. Es cierto que nunca habíamos identificado la situación municipio a municipio y ahora lo hacemos porque ya tenemos datos suficientes, y se trata de ver como garantizamos el abastecimiento al otro 25%. Tenemos hecho un anteproyecto de ley de abastecimiento de agua que supone un cambio revolucionario porque establece el máximo nivel de garantía en la peor situación posible. P. Pero para la actual sequía no existen esas garantías. R. Tenemos más garantías. Sólo el plan de metasequía último supuso 70.000 millones de inversión y la situación es muy distinta a la de hace cuatro años. Por ejemplo, en Málaga, tenemos conectada la Viñuela con la Costa del Sol y las cuencas del Guadalmansa, Guadalmedina y Guadaiza. Tenemos más garantías, pero es verdad que no tenemos el 100% y hay que poner en marcha nuevas infraestructuras para asegurar el suministro a toda la población. Además, los regantes presionan mucho y no está regulado por ley en qué momento las confederaciones tienen que cerrar las compuertas y queremos que eso quede regulado por ley. El abastecimiento a las ciudades tiene que tener la prioridad máxima y, mientras no esté garantizado, no se puede regar ni usar agua en otra cosa distinta. P. ¿Los ciudadanos tendrán que pagar más por el agua?. R. Una buena gestión no tiene porque suponer un incremento del precio. No hemos aprendido aún a gestionar el agua: en las redes de abastecimiento todavía se pierde un 30%. Si redujéramos esa pérdida sólo a la mitad, tendríamos una capacidad de ahorro que permitiría invertir en mejora de la calidad. P. Después de los pasos dados por el Gobierno central sobre el AVE, con la licitación de algunos tramos, ¿se cree la Junta ya la voluntad de construirlo? R. Este Gobierno funciona a fuerza de presiones. Nadie sabe cual es el compromiso del Gobierno con los ciudadanos, ni cual es la siguiente autovía o actuación hidráulica. No hay ningún tipo de planificación, ni compromiso social ni de transparencia. El Gobierno funciona a base de presiones y la sociedad malagueña ha presionado. Está claro que el Gobierno va a intentar demorar la obra o que los recursos que la financien sean los que ya corresponden a Andalucía para otras cosas, pero igual que con la presión hemos conseguido los primeros pasos, esperemos también que con la presión consigamos que sea cuanto antes y que se haga con los fondos de cohesión. P. El pleno de Marbella aprobará hoy por fin, después de más de un año de espera, el texto refundido exigido por la Junta para aprobar el PGOU R. No conozco el contenido, pero por lo que he sabido me temo que no sea realmente un texto refundido de la decisión de la comisión de urbanismo y que se quiera caer en una política de hechos consumados, de aprobar un texto que no dé respuestas a las exigencias de la comisión y que de nuevo sea origen de conflicto e inseguridad jurídica. Lamentaría mucho que fuera así, porque no vamos a ceder. P. ¿Y si no cumple las exigencias de la comisión, será rechazado de nuevo? R. Evidentemente, está claro.