El Ejecutivo chileno cree que la postura de Garzón es "exagerada"

El ministro chileno de Asuntos Exteriores, Juan Gabriel Valdés, calificó ayer de "exagerada" e incomprensible la postura del juez Baltasar Garzón al plantear que el caso Pinochet se ha apartado del camino jurídico. Asimismo, insistió en que el magistrado español no puede juzgar al general por genocidio y terrorismo.En declaraciones tanto a la emisora británica BBC como a la chilena Radio Cooperativa, Valdés aseguró también que el Gobierno de su país no ha mantenido conversaciones secretas con el español relativas a evitar que Augusto Pinochet sea extraditado a España y que no se ha producido i...

El ministro chileno de Asuntos Exteriores, Juan Gabriel Valdés, calificó ayer de "exagerada" e incomprensible la postura del juez Baltasar Garzón al plantear que el caso Pinochet se ha apartado del camino jurídico. Asimismo, insistió en que el magistrado español no puede juzgar al general por genocidio y terrorismo.En declaraciones tanto a la emisora británica BBC como a la chilena Radio Cooperativa, Valdés aseguró también que el Gobierno de su país no ha mantenido conversaciones secretas con el español relativas a evitar que Augusto Pinochet sea extraditado a España y que no se ha producido intercambio alguno de documentos reservados.

"Garzón", reiteró Valdés, "está limitado por un fallo de los lores y sólo puede juzgar lo que ocurrió después de 1988". "A pesar de esto", apostilló, "sostiene que cualquier aplicación de un mecanismo institucional jurídico como el que tienen los dos países [Chile y España] a su disposición constituye una arbitrariedad y una salida de los cauces jurídicos. Yo, francamente, creo que se está exagerando el tema".

El ministro chileno añadió que el asunto de la jurisdicción de los tribunales que se discute entre Chile y España "es un tema jurídico", no un argumento para defender a Pinochet, ya que aún no se están juzgando, puntualizó, los delitos de los que se le acusa.

Valdés recordó al efecto que en los tribunales chilenos hay una treintena de querellas contra el ahora senador vitalicio, al que partidos políticos, familiares de las víctimas, organizaciones sindicales..., acusan de genocidio, torturas, terrorismo y desapariciones, entre otros delitos.