El PSOE asegura que la multa por la expropiación del parque Lorca ahorra a Granada 1.400 millones

El portavoz socialista del gobierno tripartito de Granada, José Antonio Aparicio, aseguró ayer que la multa de 500 millones de pesetas impuesta por el Tribunal Supremo (TS) al Ayuntamiento de la ciudad por la expropiación de terrenos del actual parque García Lorca ahorrará a los granadinos casi 1.400 millones de pesetas. Esta paradoja se produce, según Aparicio, gracias a una decisión de Antonio Jara, el alcalde de Granada en 1990. Jara se negó entonces a pagar los cerca de 1.900 millones de pesetas exigidos por los tres propietarios de los terrenos en los que se iba a construir el parque. El...

El portavoz socialista del gobierno tripartito de Granada, José Antonio Aparicio, aseguró ayer que la multa de 500 millones de pesetas impuesta por el Tribunal Supremo (TS) al Ayuntamiento de la ciudad por la expropiación de terrenos del actual parque García Lorca ahorrará a los granadinos casi 1.400 millones de pesetas. Esta paradoja se produce, según Aparicio, gracias a una decisión de Antonio Jara, el alcalde de Granada en 1990. Jara se negó entonces a pagar los cerca de 1.900 millones de pesetas exigidos por los tres propietarios de los terrenos en los que se iba a construir el parque. El Ayuntamiento consideró desorbitada esta cifra y decidió expropiar forzosamente las fincas en lugar de comprarlas. El mencionado ahorro proviene, según Aparicio, de restar a esos 1.900 millones los 500 que definitivamente el Ayuntamiento tendrá que abonar a los tres propietarios de terrenos. El portavoz socialista dijo que su partido asume la sentencia del TS y felicitó a Jara por tomar la decisión de expropiar. "No construir entonces el parque hubiera supuesto no hacerlo nunca y, además, se hubieran hurtado a los granadinos varios años de disfrute de un espacio público", señaló. Aparicio criticó la postura del PP, que el lunes culpó a los socialistas de que el Ayuntamiento tuviera que pagar ahora 500 millones por el parque. "Bendita sea esa culpa, si supone ahorrar dinero y beneficiar a la ciudad", ironizó el portavoz. El Consistorio granadino tendrá ahora tres meses de plazo para cumplir la sentencia dictada por el TS y abonar el dinero. Para hacer frente al pago, el Gobierno municipal intentará recurrir a dinero procedente de rendimientos urbanísticos, aunque le resultará inevitable contratar un crédito bancario para pagar buena parte de la sentencia. La multa impuesta por el TS es de 338 millones de pesetas. Aunque los intereses acumulados desde 1990, otros 170 millones calculan los técnicos municipales, la elevarán hasta unos 508. El Ayuntamiento ya dispuso en su día 134 millones de pesetas para el pago de los terrenos expropiados, por lo que la cantidad que queda pendiente de abonar es sólo de 374 millones.