Primera vista judicial por la ley de expropiaciones para el Corredor Verde

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) celebra hoy la primera vista por el recurso de inconstitucionalidad que ha presentado una propietaria agrícola contra las expropiaciones decretadas por la Junta para construir un Corredor Verde en la zona afectada por el vertido tóxico. La Junta de Andalucía cree que la ley no conculca ningún derecho fundamental.

La propietaria Carmen Moraira, que también es presidenta de la Asociación de Perjudicados por el Vertido de Aznalcóllar, ha planteado un recurso de inconstitucionalidad por entender que la ley de la Junta vulnera su derecho c...

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) celebra hoy la primera vista por el recurso de inconstitucionalidad que ha presentado una propietaria agrícola contra las expropiaciones decretadas por la Junta para construir un Corredor Verde en la zona afectada por el vertido tóxico. La Junta de Andalucía cree que la ley no conculca ningún derecho fundamental.

La propietaria Carmen Moraira, que también es presidenta de la Asociación de Perjudicados por el Vertido de Aznalcóllar, ha planteado un recurso de inconstitucionalidad por entender que la ley de la Junta vulnera su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva porque, al ser expropiadas sus tierras inundadas por el vertido, queda fuera del proceso penal en marcha y de las posibles indemnizaciones futuras. Alega también que la expropiación debe ser el último recurso por parte de la administración y que el Corredor Verde es "una exoneración de responsabilidad penal de la Junta de Andalucía". Sobre este último argumento, la recurrente considera que, tras la expropiación de los terrenos, quedará como única propietaria de las tierras inundadas y, en caso de ser declarada responsable del vertido, se abonará las indemnizaciones a sí misma. El letrado de la Junta ha pedido que no se admita a trámite el recurso porque el derecho de propiedad "no es un derecho fundamental" y porque el procedimiento especial de derechos fundamentales "no es la vía adecuada para que se plantee una cuestión de inconstitucionalidad". Por su parte, el abogado Jesús López de Lemus, que representa a la recurrente, dijo: "El derecho a la propiedad que se alega está en estrecha relación con el derecho constitucional a la tutela judicial, y existen centenares de sentencias del Tribunal Constitucional donde se estiman amparos a derechos no fundamentales que tienen relación o apoyo en un derecho fundamental". A su juicio, el Gobierno andaluz pretende que la ley "no se discuta judicialmente y que el recurso se rechace".