El Gobierno regional anuncia una nueva ley para garantizar la atención social a inmigrantes sin papeles

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, del PP, elaborará una nueva Ley de Servicios Sociales en esta legislatura, según anunció ayer Pilar Martínez, la nueva consejera. Martínez justificó la necesidad de modificar la actual normativa -en vigor desde hace 15 años y modificada hace sólo 5 años a petición de IU para incluir a los inmigrantes regularizados-, "porque no incluye problemas y situaciones sociales que han ido surgiendo en este tiempo". La inmigración de ciudadanos de países extracomunitarios es uno de los problemas a los que se refiere la consejera de Servicios Sociales.

Martín...

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, del PP, elaborará una nueva Ley de Servicios Sociales en esta legislatura, según anunció ayer Pilar Martínez, la nueva consejera. Martínez justificó la necesidad de modificar la actual normativa -en vigor desde hace 15 años y modificada hace sólo 5 años a petición de IU para incluir a los inmigrantes regularizados-, "porque no incluye problemas y situaciones sociales que han ido surgiendo en este tiempo". La inmigración de ciudadanos de países extracomunitarios es uno de los problemas a los que se refiere la consejera de Servicios Sociales.

Martínez asegura que con la nueva ley se extenderá la prestación de los servicios sociales a todos los ciudadanos, incluidos los inmigrantes sin permiso de residencia. Pero la consejera no especificó qué servicios sociales se universalizarán y cuáles no, porque, por ejemplo, el Ingreso Madrileño de Integración (IMI), una ayuda de unas 40.000 pesetas mensuales para familias sin otros ingresos, seguirá restringido a los españoles y a los inmigrantes residentes, es decir, a aquellos regularizados.

Los tres grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid anunciaron hace 15 días que propondrían reformas de La ley de Servicios Sociales al conocer que algunos ayuntamientos habían desatendido a mujeres inmigrantes maltratadas por sus maridos porque carecían de permiso de residencia.

El Gobierno regional aclaró que sus servicios sociales atienden a todos los ciudadanos, tengan o no los papeles en regla.

La Consejería de Servicios Sociales perderá en esta legislatura un importante departamento: la Agencia Antidroga, que coordina todas las actuaciones con drogodependientes en la región a través de acuerdos con los municipios. Esta entidad pasará a depender de la Consejería de Sanidad. "Eso no significa que vayamos a medicalizar la atención a los toxicómanos; seguiremos prestándoles un apoyo social porque Sanidad y nosotros actuaremos de forma coordinada", concluye la nueva consejera de Servicios Sociales.