Editorial:

Fuera problemas

La expulsión de 100 familias gitanas rumanas del campamento donde malvivían desde hace un año en las afueras de Madrid sigue la estela de un modo de actuar gubernativo que se creía desechado. Es imposible no relacionar la forma expeditiva, sin contemplaciones, con que la policía ha actuado en este caso, a instancias de la Delegación del Gobierno y del Ayuntamiento de Madrid, con la expulsión forzosa, en julio de 1996, de un centenar de inmigrantes indocumentados a sus países de origen desde sus campamentos de acogida en Melilla. El presidente del Gobierno intentó justificar aquella operación c...

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La expulsión de 100 familias gitanas rumanas del campamento donde malvivían desde hace un año en las afueras de Madrid sigue la estela de un modo de actuar gubernativo que se creía desechado. Es imposible no relacionar la forma expeditiva, sin contemplaciones, con que la policía ha actuado en este caso, a instancias de la Delegación del Gobierno y del Ayuntamiento de Madrid, con la expulsión forzosa, en julio de 1996, de un centenar de inmigrantes indocumentados a sus países de origen desde sus campamentos de acogida en Melilla. El presidente del Gobierno intentó justificar aquella operación con la célebre frase : "Había un problema y se ha solucionado". Pero ni entonces se solucionó aquel problema ni se ha resuelto ahora el drama humano de 100 familias inmigrantes (medio millar de personas, incluido un centenar largo de niños), carentes de los más elementales medios de subsistencia. Resulta cínico decir, como lo han hecho las autoridades, que el desalojo fue voluntario, cuando se sabe que las familias se marcharon bajo la amenaza de expulsión de España en caso de no hacerlo. Como no es menos cínico asegurar que la operación policial pretendía sanear un asentamiento insalubre e infectado de ratas. ¿Desde cuándo policías a caballo y antidistubios se dedican a tareas de limpieza?

Los problemas no se resuelven trasladándolos a otros lugares. Y es probable que este grupo de familias desamparadas se vea acosado allí donde definitivamente se asiente, después del precedente creado por las autoridades gubernativas y municipales de Madrid. Zanjar de esta guisa situaciones como la del campamento rumano no es forma de gobernar una ciudad. Más bien resulta sonrojante que una sociedad democrática, organizada y mínimamente solidaria, no tenga a mano soluciones razonables que impidan dejar abandonadas a su suerte a quinientas personas en absoluta precariedad. El desalojo de Malmea, repulsivo en su procedimiento, refleja a la par una alarmante falta de voluntad política y de sensibilidad por parte de los gobernantes madrileños.

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