Funcionarios de prisiones bloquean 13 cárceles para exigir mejoras laborales

Funcionarios de prisiones bloquearon ayer los accesos a 13 cárceles y quemaron neumáticos para exigir mejoras laborales. La protesta, que en menor escala afectó a otros 20 centros penitenciarios, impidió o retrasó la asistencia de algunos presos a sus citas con los tribunales. Un portavoz de Instituciones Penitenciarias reiteró la voluntad de diálogo de este organismo para encontrar una salida a las reivindicaciones de ese colectivo de trabajadores.

Las movilizaciones de los funcionarios, que se iniciaron el pasado jueves, continuaron ayer y proseguirán los días 5, 8 y 14, han sido conv...

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Funcionarios de prisiones bloquearon ayer los accesos a 13 cárceles y quemaron neumáticos para exigir mejoras laborales. La protesta, que en menor escala afectó a otros 20 centros penitenciarios, impidió o retrasó la asistencia de algunos presos a sus citas con los tribunales. Un portavoz de Instituciones Penitenciarias reiteró la voluntad de diálogo de este organismo para encontrar una salida a las reivindicaciones de ese colectivo de trabajadores.

Las movilizaciones de los funcionarios, que se iniciaron el pasado jueves, continuaron ayer y proseguirán los días 5, 8 y 14, han sido convocadas por los principales sindicatos de prisiones: ACAIP, UGT, CSI-CSIF y CIG. Según Instituciones Penitenciarias, las 13 prisiones en las que ayer se produjeron cortes en sus accesos y quema de neumáticos son las de Alicante, Almería, Burgos, Granada, Jaén, Las Palmas, Logroño, Soto del Real (Madrid), Málaga, Murcia, Puerto I y Puerto II (Cádiz), Sevilla y Picassent (Valencia). En otras 20 la acción de protesta se limitó a concentraciones y encierros. El sindicato ACAIP, mayoritario, indicó que las movilizaciones, en diferente escala, afectaron al 96% de los centros, 74 en total sin contar los de Cataluña.

Una de las protesta más virulentas se registró en Soto del Real, donde los funcionarios bloquearon durante casi tres horas la salida de conducciones de presos. La medida no llegó a afectar, según matizó Instituciones Penitenciarias, a la de los etarras elegidos concejales en las elecciones del pasado 13 de junio, los cuales fueron trasladados al mediodía al País Vasco para tomar posesión de sus cargos.

En la carretera de acceso al presidio, los funcionarios colocaron un centenar de coches, arrojaron chinchetas al asfalto e hicieron una barricada con neumáticos a los que luego prendieron fuego.

En Andalucía, informa Luis Barbero, las mayores concentraciones se produjeron en las prisiones de El Puerto de Santa María (I y II), en Cádiz, donde 200 manifestantes cortaron las vías de acceso a ambos penales durante varias horas , y en la de Alhaurín de la Torre, en Málaga, a cuyas puertas los trabajadores cortaron la carretera y provocaron una gran humareda con la quema de neumáticos y papeles. También ardieron neumáticos a las puertas de las prisiones de Almería (El Acebuche) y Jaén II, cuya carretera de acceso fue bloqueada el pasado jueves y también ayer. En la capital andaluza unos 150 funcionarios participaron en la concentración convocada desde las ocho de la mañana y cortaron los accesos a la prisión de Sevilla II.

Las movilizaciones paralizaron en parte la actividad judicial, dada la imposibilidad de trasladar presos a los juzgados, en unos casos, así como la suspensión de algunos permisos de fin de semana, pues los reclusos no pudieron salir de sus centros. En otras prisiones las protestas provocaron también retrasos en los relevos de los funcionarios.

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Instituciones Penitenciarias reiteró ayer su "voluntad de diálogo" con los sindicatos, pero dentro del ámbito de la mesa de negociación, que se abrió la pasada semana, y sin "dar ventajas a las personas que están llevando a cabo actitudes violentas", explicó un portavoz.

José Ramón López, presidente de ACAIP, explicó que los funcionarios reivindican una mayor seguridad en las cárceles, aumentos de plantilla, jubilación anticipada voluntaria, equiparación de sueldos a los que perciben los del País Vasco y Navarra y un reconocimiento social por parte del Ministerio del Interior. Además, consideró "inaceptable" la oferta de la Administración en la negociación laboral, reflejada en un documento que no recoge las principales aspiraciones, entre ellas la jubilación anticipada.

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