El PP fuerza el cierre de la "subcomisión Piqué" con un texto de apoyo al ministro

La subcomisión del Congreso que analiza la política de subvenciones del Ministerio de Industria adoptó ayer, para su debate, un borrador de conclusiones elaborado por el PP en el que no sólo se afirma que el departamento que dirige Josep Piqué actuó con plena legalidad en la concesión de subvenciones, sino que, además, lo hizo con "mayor transparencia", "mayor control" y más objetividad. PSOE e IU rechazaron el documento y anunciaron que presentarán votos particulares. El documento del PP fue elaborado antes del 13-J.

El documento con las conclusiones del PP fue elaborado, según detalla...

La subcomisión del Congreso que analiza la política de subvenciones del Ministerio de Industria adoptó ayer, para su debate, un borrador de conclusiones elaborado por el PP en el que no sólo se afirma que el departamento que dirige Josep Piqué actuó con plena legalidad en la concesión de subvenciones, sino que, además, lo hizo con "mayor transparencia", "mayor control" y más objetividad. PSOE e IU rechazaron el documento y anunciaron que presentarán votos particulares. El documento del PP fue elaborado antes del 13-J.

El documento con las conclusiones del PP fue elaborado, según detalla su redacción, antes de que el pasado día 21 comparecieran ante la subcomisión el propio titular de Industria y el actual presidente de Ercros, Antoni Zabalza, -"su comparecencia está prevista para después de las elecciones", afirma el documento-. Pese a todo, el informe será la base sobre la que los 13 miembros que componen la subcomisión (tres representantes del PP, tres del PSOE, dos de IU, dos de CiU, uno del PNV, uno de Coalición Canaria y uno del Grupo Mixto) debatirán la redacción final de conclusiones el próximo martes. Si todo discurre como prevé el PP, apoyado en sus socios parlamentarios de CiU, el documento final será discutido por la Comisión de Industria el próximo miércoles. Por lo tanto, y salvo imprevistos, la subcomisión, que inició la ronda de comparecencias el 7 de abril, finalizará sus trabajos la próxima semana. PSOE e IU han anunciado que presentarán votos particulares al texto presentado ayer por el PP. El PSOE, que denuncia las prisas por cerrar la subcomisión y quiere prolongar los trabajos hasta examinar toda la documentación solicitada, pretende incluir en el documento final la recomendación de que algunas de las decisiones adoptadas por Industria en materia de subvenciones se trasladen a la Fiscalía Anticorrupción.

Según el diputado socialista Álvaro Cuesta, si su petición no prospera y el PP culmina lo que su formación considera "un cierre en falso de la subcomisión y un atentado al Parlamento", el PSOE continuará denunciando los casos de subvenciónes que considera irregulares "por las vías ordinarias", tanto en el Parlamento como ante la Fiscalía.

Tampoco el portavoz de IU en la subcomisión, Mariano Santiso, está de acuerdo con el informe elaborado por el PP. Según afirmó ayer, su formación no descarta presentar un texto alternativo. Como el PSOE, IU considera necesario prorrogar los trabajos de la subcomisión ante las dudas planteadas en muchos de los expedientes y casos examinados (Hullera Vasco Leonesa, Castileon 2000, Uría Motor y Otarraso entre otros).

Las conclusiones del PP, por el contrario, no admiten ni sombre de sospecha sobre la tramitación de expedientes. Todos ellos, en su opinión, son legales y carecen de "indicios de arbitrariedades". Si se han detectado algunos fallos en la tramitación de subvenciones se debe, según el informe, a que la estructura de la Dirección General de Minas "no está preparada" para tanta carga de trabajo, padece de insuficiencia de "medios humanos y materiales" y además, tramita los oficios y comunicaciones con procesador de textos. El documento del PP se pone además la venda y explica que "los informes de consultores" -que en algunos casos se oponían a la concesión de ayudas- "no son vinculantes" para Industria.

Como propuestas, el PP ofrece "profundizar en el debate" sobre si debe haber limitaciones al pago de ayudas para condenados por mal uso de fondos públicos (caso Pérez Villar-Uría Motor), recopilar la "dispersa" normativa existente y mejorar el marco legislativo.