Magistrados del Superior y la Audiencia bilbaína se oponen a controles anónimos Las denuncias de abogados y procuradores pueden activar las visitas de la inspección

Un grupo de magistrados del Tribunal Superior de Justicia vasco y de la Audiencia de Bilbao ha entregado en la Sala de Gobierno del máxiomo tribunal de la comunidad un escrito en que se oponen a la decisión del Consejo General del Poder Judicial de que abogados y procuradores puedan presentar una denuncia anónima contra un juez o un juzgado, que podría dar lugar a una visita inspectora.

Los firmantes del escrito recalcan: "Se nos trata de controlar mediante opiniones anónimas, algo no previsto legalmente y carente de rigor técnico y, además, contrario al Estatuto Judicial; se nos tra...

Un grupo de magistrados del Tribunal Superior de Justicia vasco y de la Audiencia de Bilbao ha entregado en la Sala de Gobierno del máxiomo tribunal de la comunidad un escrito en que se oponen a la decisión del Consejo General del Poder Judicial de que abogados y procuradores puedan presentar una denuncia anónima contra un juez o un juzgado, que podría dar lugar a una visita inspectora.

Los firmantes del escrito recalcan: "Se nos trata de controlar mediante opiniones anónimas, algo no previsto legalmente y carente de rigor técnico y, además, contrario al Estatuto Judicial; se nos trata como a funcionarios supeditados a una ley preconstitucional, la ley de Procedimiento de 1958". El vocal delegado para el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, Ramón Sáez Valcárcel, ha remitido a los órganos de gobierno de la Administración de Justicia del País Vasco y a magistrados y jueces un escrito en el que les explica que, en cumplimiento del Libro Blanco de la Administración de Justicia, tiene intención de conocer "la situación de los juzgados y tribunales, el control de su actividad y el apoyo a la mejora de la gestión de los procesos y oficinas". Para ello se han elaborado unos cuestionarios, aprobados por el Consejo, para abogados y procuradores "con la finalidad de escuchar su opinión sobre el funcionamiento del juzgado o tribunal" ya que "son un instrumento más de recogida de información". El escrito indica que "se enviarán, a través de los Colegios, una muestra que debería ser seleccionada de modo aleatorio de, al menos, un 5% de los profesionales que actúen en el partido judicial, quienes contestarán de forma anónima" y el resultado de la encuesta "gozará de las garantías de confidencialidad y de acceso de los interesados, jueces y magistrados y servirá como fuente de información, una fuente más junto a los datos que constan en el Consejo y los que reclaman al órgano afectado". En la reunión del pasado viernes de la Sala de Gobierno y los vocales delegados del CGPJ para Euskadi se escucharon voces a favor y en contra de este sistema. Para los firmantes del escrito, estas encuestas enviadas a letrados y procuradores y no a Colegios, "pueden dar lugar a la apertura de diligencias de inspección en base a un denunciante anónimo y la Ley Orgánica del Poder Judicial sólo permite el cumplimiento de estas encuestas por los Colegios de letrados o procuradores y, además, para procedimientos abiertos y no para abrir procedimientos, por lo que tal supuesta encuesta no es de opinión, sino de denuncia y las encuestas anónimas ya las hizo en su tiempo la Inquisición".