El Gobierno informará al Congreso "lo antes posible" cuando envíe tropas

El Gobierno no quiere atarse las manos. En caso de participación de militares españoles en operaciones como la que se ha desarrollado en Kosovo, el Ejecutivo informará al Parlamento "tan pronto como sea posible", pero no necesariamente antes de decidir el envío de las tropas. Así lo señala el documento, elaborado conjuntamente por Moncloa y los ministerios de Exteriores y Defensa, que fija las normas de relación entre el Gobierno y el Parlamento ante futuras crisis bélicas en las que intervenga España en el marco de la OTAN.

A raíz de la guerra de Yugoslavia y de la aprobación del Conce...

El Gobierno no quiere atarse las manos. En caso de participación de militares españoles en operaciones como la que se ha desarrollado en Kosovo, el Ejecutivo informará al Parlamento "tan pronto como sea posible", pero no necesariamente antes de decidir el envío de las tropas. Así lo señala el documento, elaborado conjuntamente por Moncloa y los ministerios de Exteriores y Defensa, que fija las normas de relación entre el Gobierno y el Parlamento ante futuras crisis bélicas en las que intervenga España en el marco de la OTAN.

A raíz de la guerra de Yugoslavia y de la aprobación del Concepto Estratégico de la OTAN, que prevé la posibilidad de que dicha organización intervenga fuera de sus fronteras sin mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, Aznar anunció la remisión al Congreso de un documento que fije las normas de relación entre el Gobierno y el Parlamento ante crisis como la de Kosovo. Este compromiso, que el presidente reiteró el miércoles ante el pleno del Congreso, se ha plasmado en un texto de más de 20 páginas, al que ha tenido acceso EL PAÍS. El documento reafirma la competencia exclusiva del Gobierno para dirigir la política exterior y de defensa, pero admite que "dada la trascendencia de las decisiones" que suponen la implicación militar española en conflictos, "buscará el máximo apoyo de los grupos parlamentarios", para lo cual "conviene reforzar los canales de comunicación con el Parlamento".

"La sociedad debe conocer, a través de su representantes, las causas por las que el Gobierno decide la participación española, así como el desarrollo y evolución de la misma", añade el texto.

Esta idea se concreta en el siguente párrafo: "El Gobierno se propone comparecer ante el Parlamento tan pronto como sea posible, cuando prevea la participación de fuerzas españolas en una operación de paz o de respuesta a las crisis que se vaya a realizar en el marco de la Alianza Atlántica". La redacción es deliberadamente ambigua: el Gobierno "se propone", no se compromete, a informar "tan pronto como sea posible", sin especificar si será antes o después de la decisión.

Según el documento, se pondrá "a disposición de las cámaras información documentada sobre la crisis y los factores determinantes de la participación española, así como sobre el alcance de ésta: personal y material asignado y estimación del coste". Además, "el Gobierno mantendrá debidamente informadas a las cámaras sobre el desarrollo de las operaciones y sobre sus previsiones respecto a la evolución de la crisis".

Periódicamente, "y en todo caso de forma anual", se remitirá al Parlamento un detallado informe de las misiones en que participe España", añade el texto.

Finalmente, "cuando la dimensión, la evolución, los riesgos en que se haya incurrido o el coste de la intervención así lo aconsejen y los grupos parlamentarios lo estimen conveniente, el Gobierno impulsará la creación de una comisión ad hoc en el Parlamento que sirva para mantener abierto el cauce informativo entre el Ejecutivo y el Legislativo".

Requisitos para intervenir

En cuanto a la decisión de participar con tropas, el documento recuerda que la "práctica habitual" es que se plasme en un acuerdo del Consejo de Ministros. En todo caso, el Gobierno podrá decidir dicha participación siempre que se cumplan tres condiciones: que "la intervención sea conforme al derecho internacional"; que "se hayan agotado las medidas políticas y diplomáticas para la solución" de la crisis; y que "la decisión de intervenir se haya adoptado por consenso entre los aliados". La apelación al "derecho internacional" y al "consenso entre los aliados" de la OTAN sustituye la exigencia de una resolución de la ONU.

El ministro de Defensa, Eduardo Serra, declaró el pasado viernes a Europa Press que "los intereses nacionales, cuya defensa tiene encomendada el Gobierno, no pueden supeditarse a trámites [parlamentarios] si la situación no lo permite". Según Serra, "prácticamente ningún país de Europa tiene establecido un acuerdo previo" de su parlamento como requisito para intervenir.

Por otra parte, Serra y el ministro de Exteriores, Abel Matutes, pidieron ayer informar al Congreso sobre el envío de 1.200 soldados españoles a Kosovo. La comparecencia está prevista para el jueves, 24 horas después de la fecha de salida del contingente.