"Me pelaba las clases de repaso del instituto para ir a ver juicios"
Juan Luis de la Rúa Moreno (Santibáñez de Berja, Salamanca, 1943) ha dejado la presidencia de la Audiencia Provincial de Valencia para seguir ejerciendo su vocación desde otro puesto de gestión: la presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana. Su reto, intentar mejorar el funcionamiento de la administración de justicia, una tarea en la que sucede a Juan José Marí, recientemente fallecido. Pregunta. Las encuestas lo ponen de relieve con constancia e insistencia: la justicia es una de las instituciones peor valoradas por la sociedad española. Respuesta. Es ver...
Juan Luis de la Rúa Moreno (Santibáñez de Berja, Salamanca, 1943) ha dejado la presidencia de la Audiencia Provincial de Valencia para seguir ejerciendo su vocación desde otro puesto de gestión: la presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana. Su reto, intentar mejorar el funcionamiento de la administración de justicia, una tarea en la que sucede a Juan José Marí, recientemente fallecido. Pregunta. Las encuestas lo ponen de relieve con constancia e insistencia: la justicia es una de las instituciones peor valoradas por la sociedad española. Respuesta. Es verdad, aunque quisiera hacer una precisión, en la línea de lo expresado en varias ocasiones por el presidente del Tribunal Supremo. Hay una valoración a nivel general de que la justicia es una de las instituciones que peor funciona, sin embargo, aquellos ciudadanos que la utilizan no la ven tan mal. Una encuesta, recogida en el Libro Blanco de la Justicia, señalaba que entre un 80 y un 84% de los ciudadanos consideró que la atención que se les había dispensado era buena o muy buena. No trato de justificar nada, pero el poder judicial ha pasado por unos cambios estructurales y organizativos que se han visto reflejados en nuestra actuación. Esto, forzosamente, tiene que cambiar. P. Entonces, no hay conformismo respecto a las dilaciones injustificadas en la instrucción de los casos, la repetición de juicios por citaciones erróneas o el mal funcionamiento de la oficina judicial. R. Es verdad que todavía se dan situaciones de éstas, pero estamos haciendo una valoración a partir de los sumarios más complejos, con lo que corremos el riesgo de convertir el supuesto concreto en norma general. Si examinamos los supuestos ordinarios, veríamos -a pesar de que intentamos promover la realización de juicios rápidos- que muchos asuntos de robo o tráfico de drogas se resuelven a apenas seis meses, en nueve incluyendo los recursos. Claro, eso no es llamativo, aunque no puedo negar que haya juzgados que, por muchas y diversas razones, padecen un especial retraso. Resolver esos problemas es una de mis tareas prioritarias. P. ¿Qué más puede hacer el presidente del TSJ? R. Hay dos campos de actuación. El interno, en el que se debe animar a los compañeros a que aumenten la calidad y la cantidad de su trabajo. Luego, la perspectiva externa. Ahí se debe analizar la distribución de los órganos judiciales, su carga competencial o la posible mejora de los instrumentos de trabajo, es decir, infraestructuras y medios materiales. Aunque ésta sea una función de la Generalitat, el presidente del TSJ ha de manifestar su preocupación y realizar gestiones al respecto allá donde sea necesario. P. ¿Dónde hay que acudir para resolver los problemas de su jurisdicción, a Valencia o a Madrid? R. La formación de los jueces y la creación de nuevos órganos judiciales está en Madrid. Los problemas relacionados con los medios materiales y el personal se deben tratar aquí, en la Generalitat. Hay que acudir a los dos sitios. P. ¿Cómo valora el proceso de transferencias iniciado durante esta legislatura? R. La proximidad de los partidos políticos a una realidad social determinada hace que comprendan mejor los problemas del poder judicial. Además, nosotros podemos transmitir con mayor asiduidad y fluidez nuestros problemas. En consecuencia, el proceso de transferencias ha sido, desde mi punto de vista, positivo. P. ¿Qué cambiaría de la política del Consell en este campo?. R. A veces se me ha acusado de no ser crítico. Mire usted: yo soy crítico constructivo. La Generalitat, siempre entendida como representante del pueblo valenciano, ha puesto en marcha dos programas esenciales: la informatización de todos los juzgados y la formación del personal y el plan de infraestructuras. En un corto periodo yo he estado en las inauguraciones de cuatro juzgados o las nuevas sedes judiciales de Torrevieja o Massamagrell. La Ciudad de la Justicia de Valencia ya está en marcha. Estamos avanzando. P. Ahora, con la mejora paulatina de las condiciones de trabajo, ¿No es el momento de exigir mayores cuotas de productividad a todos los implicados en la Administración de Justicia?. R. En un colectivo amplio se pueden encontrar disfunciones o desviaciones, pero yo confío mucho en los funcionarios. Todos ellos tienen conciencia de que prestan un servicio público. El juez tiene la obligación de hacerlo funcionar, pero si el órgano marcha no es fruto exclusivo de la labor del magistrado. P. Sin embargo, una inspección del Consejo General del Poder Judicial puso de relieve que los funcionarios trabajan más bien poco. R. Ese es un problema en vías de solución. Se están adoptando una serie de medidas de control (tarjetas, relojes) para mejorar en ese campo, pero la solución está en hacerles llegar a aquellos menos entregados la importancia de su colaboración, convencerles de la importancia del servicio público que se presta desde los juzgados. Todos los funcionarios con los que he trabajado le podrán participar mi inquietud en ese aspecto. P. ¿No es necesaria una Consejería de Justicia en la Comunidad Valenciana? R. Ésta es una cuestión que no me compete, pero debe haber conciencia de que la Generalitat es la responsable de gestionar los recursos humanos y materiales de la Administración de Justicia. Como se llame ese organismo es lo de menos. Ahora bien, sigo diciendo, y con eso digo mucho, que los tres pilares de la sociedad son educación, sanidad y justicia. P. Usted pertenence a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), un colectivo de de jueces de orientación conservadora. ¿Marcará eso su gestión? R. No me gusta hablar de tendencias aunque ustedes nos califiquen. Además, en la APM conviven diversas sensibilidades. Dicho esto, he de decir que yo no soy un político, soy un magistrado que viene a trabajar, y mi objetivo es conseguir que la justicia marche en la Comunidad Valenciana. P. ¿Le gustaría ser consejero de Justicia? R. Nunca se puede decir de este agua no beberé, pero mi vocación judicial está consolidada, y desde muy pequeño. Yo, con 12 o 13 años, me pelaba las clases de repaso en el instituto Luis Vives para venir aquí, a mi sala (la sección primera de la Audiencia de Valencia) a sentarme entre el público y ver juicios.