El fiscal pide inhabilitar a un alcalde del PP por favorecer a un constructor

El fiscal solicita 15 meses de cárcel y ocho años de inhabilitación en el cargo para el alcalde de Alpedrete, Miguel Ángel Alonso, del PP, por "favorecer" los intereses empresariales del constructor Lisardo Cortés Domínguez. El ministerio público sostiene que Alonso le permitió construir un hotel con una dimensión muy superior al máximo legal y que le dejó levantar un garaje sobre una zona protegida -una vía pecuaria- a sabiendas de que la Comunidad no había otorgado la licencia de edificación.

En la causa figura como implicado el constructor Cortés Domínguez, para quien el fiscal solic...

El fiscal solicita 15 meses de cárcel y ocho años de inhabilitación en el cargo para el alcalde de Alpedrete, Miguel Ángel Alonso, del PP, por "favorecer" los intereses empresariales del constructor Lisardo Cortés Domínguez. El ministerio público sostiene que Alonso le permitió construir un hotel con una dimensión muy superior al máximo legal y que le dejó levantar un garaje sobre una zona protegida -una vía pecuaria- a sabiendas de que la Comunidad no había otorgado la licencia de edificación.

En la causa figura como implicado el constructor Cortés Domínguez, para quien el fiscal solicita una pena de dos años de prisión y 18 meses de multa, a razón de 2.000 pesetas diarias. En su escrito de acusación, el ministerio público sugiere que existió connivencia entre el regidor y el constructor con vistas a perpetrar los dos delitos "contra la ordenación del territorio" que les atribuye. Uno de los delitos que imputa el fiscal al alcalde de Alpedrete (localidad de unos 6.000 habitantes) es el haber autorizado al constructor, en 1988, que levantase un hotel de una envergadura muy superior a la máxima legal prevista sobre un terreno de titularidad municipal y sin que el promotor "aportara proyecto de ejecución alguno".El fiscal Emilio Valerio destaca que el alcalde, consciente de la situación ilegal del inmueble, "promovió en 1994 la revisión de las normas [urbanísticas] subsidiarias de su municipio, incluyendo en ellas una cláusula ad hoc" con la finalidad de "legalizar el edificio". La Dirección General de Urbanismo de la Comunidad, al enterarse de las obras, ordenó su paralización. Luego, las legalizó, pero en la licencia especificó que el sótano del hotel debía destinarse para garaje. El acusado, no obstante, hizo caso omiso de esa indicación e instaló en el sótano una sala de reuniones que, sin licencia de apertura, entró en funcionamiento "en los primeros meses de 1997". Como necesitaba un aparcamiento para el hotel, en abril de 1997, el constructor "ocupó 600 metros cuadrados de una vía pecuaria" adyacente al hotel y sobre ella levantó las plazas. "La ocupación ilegal de la citada vía pecuaria fue realizada por el indicado acusado [el constructor], concertado previamente con el alcalde, y sabedor éste del carácter público de aquel terreno", señala el fiscal.

El acusador agrega que tanto el constructor como el alcalde sabían que la obra no sólo carecía de autorización por parte de la Dirección General de Agricultura, sino que, además, ni siquiera había sido solicitada. Para evitar ulteriores responsabilidades, el alcalde, siempre según el fiscal, auspició "un remedo de convenio urbanístico" en el que dejaba en manos del Consistorio "la obtención de cualquier permiso urbanístico que pudiera necesitarse" en el futuro.

Para ese "remedo", el alcalde convocó al pleno y convenció a los concejales que expresaron pegas al inicio de las obras de que él conseguiría las licencias oportunas. Cuando la Dirección General de Agricultura conoció el desarrollo de obras sobre la citada vía pecuaria sin su permiso ordenó al alcalde que las suspendiera, pero éste desobedeció la orden hasta que el citado organismo le envió "un segundo requerimiento" en ese sentido.

"En todo caso, y con posterioridad a la orden de clausura, los acusados", subraya el fiscal, "de común acuerdo, han mantenido la utilización y ocupación ilegítima" de la vía pecuaria.

El juicio contra ambos acusados se celebrará en un juzgado de lo penal de Madrid, pero todavía no se ha señalado la fecha. El fiscal exige en su escrito que se restituya a su estado prístino la vía pecuaria y que los gastos sean abonados por el alcalde y por el constructor, presidente de la firma Construcciones Cortés 2000.