Editorial:

'Caso Tenerife'

TRAS LA imputación a dos cargos públicos y a dos letradas del PP en Canarias hecha por la juez que investiga las amenazas y agresiones a la abogada tinerfeña Julia Bango, ese partido no puede seguir tratando el asunto como un conflicto personal. El caso Bango, por el nombre de la abogada amenazada de muerte por su empeño en investigar posibles irregularidades urbanísticas, ha pasado a ser el caso Tenerife del Partido Popular.No basta afirmar, como hace Arenas, secretario general del PP, que la corrupción ha dejado de ser un problema para que sus efectos desaparezcan. En el asunto...

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TRAS LA imputación a dos cargos públicos y a dos letradas del PP en Canarias hecha por la juez que investiga las amenazas y agresiones a la abogada tinerfeña Julia Bango, ese partido no puede seguir tratando el asunto como un conflicto personal. El caso Bango, por el nombre de la abogada amenazada de muerte por su empeño en investigar posibles irregularidades urbanísticas, ha pasado a ser el caso Tenerife del Partido Popular.No basta afirmar, como hace Arenas, secretario general del PP, que la corrupción ha dejado de ser un problema para que sus efectos desaparezcan. En el asunto de Tenerife, los dirigentes nacionales han actuado con displicencia, como si no fuera con ellos. En lugar de amparar al denunciante, el anterior presidente del partido en Tenerife, Francisco de la Barreda, en su deseo de limpiar al PP de posibles prácticas corruptas relacionadas con la construcción, lo que ha hecho es permitir que el resto de la dirección le apee de la presidencia. Esa actitud permisiva, siempre por detrás de los acontecimientos, ha vuelto a ponerse de manifiesto al suspender de militancia a los imputados sólo a petición propia y cuando ha habido un pronunciamiento judicial.

Pero una vez que se conoce, tras el levantamiento del secreto del sumario, la implicación de personas relevantes del PP en las amenazas y agresiones físicas a la abogada Bango por parte de matones, así como la del promotor de la urbanización sospechosa de irregularidades urbanísticas, la dirección nacional no puede seguir haciéndose la distraída. La lucha contra la corrupción política es fundamentalmente tarea de los partidos, no de los jueces. Al menos, si se quiere evitar esa judicialización de la política que confunde responsabilidades políticas y penales y que tanto criticó el PP. En este caso había desde el principio materia suficiente para que el PP no hubiera tenido que esperar a la investigación del juez. ¿O es que no debe preocupar a la dirección de un partido que sus dirigentes y militantes aparezcan mezclados en actuaciones mafiosas, con matones a sueldo de por medio, en relación con posibles actuaciones corruptas? Urge una explicación clara y detallada sobre lo ocurrido en Tenerife por parte de la dirección nacional del PP. La elaboración de las listas para las municipales y autonómicas ha sido un juego de incorporaciones y defenestraciones de última hora que han dejado demasiadas sospechas sobre demasiadas personas. Arenas está obligado a despejar tantas sombras.

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