Las organizaciones no gubernamentales temen que la ley del Voluntariado recorte su independencia La Junta afirma que pretende regular el "caudal de participación ciudadana"
¿Independencia o incentivo a la participación? Las ONG expresaron ayer sus recelos ante el proyecto de ley del Voluntariado que ultima el Gobierno andaluz. Representantes de organizaciones no gubernamentales advirtieron en Málaga del riesgo de que las asociaciones de voluntarios queden expuestas a interferencias de la Administración. Una duda que quiso disipar la delegada de Asuntos Sociales en Málaga, Ana Paula Montero, que dijo que la ley pretende "reconocer, promover y regular el caudal de participación ciudadana que supone la actividad voluntaria organizada".
Los más críticos fuero...
¿Independencia o incentivo a la participación? Las ONG expresaron ayer sus recelos ante el proyecto de ley del Voluntariado que ultima el Gobierno andaluz. Representantes de organizaciones no gubernamentales advirtieron en Málaga del riesgo de que las asociaciones de voluntarios queden expuestas a interferencias de la Administración. Una duda que quiso disipar la delegada de Asuntos Sociales en Málaga, Ana Paula Montero, que dijo que la ley pretende "reconocer, promover y regular el caudal de participación ciudadana que supone la actividad voluntaria organizada".
Los más críticos fueron Eduardo Barceló, representante de la ONG Málaga Acoge, y Juan Luis Peña, presidente de la Plataforma del Voluntariado. Barceló, que reconoció a la Junta "sensibilidad y voluntad de mejorar la situación", no dejó por ello de señalar que el anteproyecto recorta la autonomía de la que, por definición, deben disfrutar estas asociaciones no gubernamentales. Consideró que había ejemplos de interferencias innecesarias en el artículo 6, que se refiere a la demarcación de los ámbitos en que pueden actuar las ONG. "¿Qué sentido tiene que sean las administraciones las que decidan en qué áreas podemos operar?", se preguntó Barceló. Se refirió también al artículo 7, en el que, según explicó, no queda claro quién va a determinar quiénes serán los destinatarios prioritarios de la ayuda voluntaria, si las propias organizaciones que se encargan del servicio o el Estado. La definición del Consejo Andaluz del Voluntariado, un órgano consultivo sujeto a desarrollo reglamentario, fue objeto de discusión. Barceló defendió que, "si el reglamento se hace bien", este organismo podría ganar atribuciones y eliminar los temores de las ONG al intervencionismo público. Peña instó a la Junta a acelerar el proceso de creación de este Consejo, que se nombra repetidamente en el texto del anteproyecto y que, según el presidente de la Plataforma, "aparece vacío de significado". Otra cuestión polémica fue la de los seguros. Barceló cuestionó la necesidad de imponer un seguro de enfermedad y de accidentes para todos los voluntarios, que, según dijo, pueden trabajar en estas organizaciones "tres días o diez años". Explicó que contratar estos seguros acarrearía grandes costes adicionales y diezmaría las arcas de estas asociaciones. "No hay razón para que las ONG sustituyan a la Seguridad Social", dijo, para luego añadir que lo más lógico es que la mayor parte de los recursos que se recauden sean invertidos en la prestación de servicios, no en gastos de personal. Barceló y Peña estuvieron de acuerdo en que hacen falta seguros de responsabilidad civil para las ONG, que deben responder ante la ley si alguno de sus voluntarios causa algún perjuicio a alguien -por ejemplo, en caso de negligencia o error médico-. Pero reclamaron una mayor implicación de las administraciones, que, en palabras de Barceló, "deberían asumir solidariamente cuotas de responsabilidad". Peña opinó que el Estado tendría que mediar entre las entidades aseguradoras y las ONG. "Si no es así", vaticinó, "seguiremos hablando de esto dentro de 10 años". Peña preguntó qué se había hecho de los 35 millones de pesetas anuales que la Junta está obligada a invertir en sensibilización, promoción y difusión del voluntariado. "Somos muy pocos los que nos dedicamos a esto en Andalucía", dijo, "y no hemos visto un duro". El representante de Asuntos Sociales, José Luis Aguilar, respondió explicando que está prohibido destinar ese dinero a subvencionar a asociaciones, y defendió que se usa correctamente. Peña reclamó "un cambio de talante de las administraciones" para que haya un mejor entendimiento. "Hasta ahora", se quejó, "no ha habido respeto, ayuda ni concierto". Pidió que se colaborase con ellos "de manera real". Aguilar matizó las palabras de Peña y atribuyó el crecimiento del movimiento voluntario en los últimos años al apoyo institucional. Pero también reconoció la conveniencia de un cambio de talante.