Dos acusaciones dejan la investigación del "Proof Spirit" tras ser indemnizadas
Dos de las tras familias de operarios fallecidos en la construcción del barco Proof Spirit que ejercían la acusación particular en la investigación judicial abierta para esclarecer las causas del siniestro, acaecido el 4 de julio de 1997 en los astilleros de Unión Naval de Levante (UNL) en Valencia, han abandonado la acción penal después de llegar a acuerdo con la empresa, con la que han pactado unas indemnizaciones satisfactorias para ambas partes. Así, la empresa, que recientemente ha cambiado su nombre por el de Inversiones Marítimas del Mediterráneo, ha indemnizado a las familias de 17 de...
Dos de las tras familias de operarios fallecidos en la construcción del barco Proof Spirit que ejercían la acusación particular en la investigación judicial abierta para esclarecer las causas del siniestro, acaecido el 4 de julio de 1997 en los astilleros de Unión Naval de Levante (UNL) en Valencia, han abandonado la acción penal después de llegar a acuerdo con la empresa, con la que han pactado unas indemnizaciones satisfactorias para ambas partes. Así, la empresa, que recientemente ha cambiado su nombre por el de Inversiones Marítimas del Mediterráneo, ha indemnizado a las familias de 17 de los 18 fallecidos. Las quince que llegaron a acuerdo con la firma tras la primera negociación, de carácter conjunto, fueron resarcidas con 17 millones de pesetas por cabeza. Según fuentes cercanas al caso, las cifras pagadas ahora han sido superiores. En consecuencia, y con independencia de la participación en el proceso de la acusación pública, preceptiva, sólo la familia de uno de los operarios muertos en el siniestro continúa personada en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, en la que también ejerce la acusación, en este caso popular, el comité de empresa de UNL. La retirada de todas las acusaciones particulares y la enorme complejidad a la hora de determinar las causas del accidente -el siniestro laboral más grave ocurrido en España en los últimos 14 años- podría favorecer que la fiscalía y el juez, siempre y cuando no lograran descubrir la posible irregularidad o negligencia que causó la explosión en el barco, decidieran archivar la causa.