Defensores del "caso Intelhorce" se niegan a plantear sus preguntas a Muñiz

Aproximadamente una decena de abogados defensores en el caso Intelhorce, los de los principales acusados, se negaron ayer a decir cuáles serían las preguntas que realizarían a José Manuel Muñiz, ex secretario y ex administrador único de la fábrica textil, que se encuentra ausente de la vista oral por su estado de salud. El letrado Carlos Larrañaga, defensor del ex presidente de la empresa pública Improasa José Miguel Moreno García llegó a plantear una queja formal al tribunal aduciendo que "no es el momento procesal oportuno" para plantear esas preguntas. Los abogados que sí accedieron a la p...

Aproximadamente una decena de abogados defensores en el caso Intelhorce, los de los principales acusados, se negaron ayer a decir cuáles serían las preguntas que realizarían a José Manuel Muñiz, ex secretario y ex administrador único de la fábrica textil, que se encuentra ausente de la vista oral por su estado de salud. El letrado Carlos Larrañaga, defensor del ex presidente de la empresa pública Improasa José Miguel Moreno García llegó a plantear una queja formal al tribunal aduciendo que "no es el momento procesal oportuno" para plantear esas preguntas. Los abogados que sí accedieron a la petición de la sala plantearon más de un centenar de cuestiones a Muñiz, cuya asistencia es una de las cuestiones previas que aún debe resolver el tribunal, que incluso podría decidir el archivo de la causa contra él. Un informe médico encargado por la sala al comienzo de las sesiones determinó que Muñiz tiene "totalmente anuladas sus capacidades intelectivas y volitivas". A la vista de este dictamen, los magistrados decidieron celebrar los debates de las consideraciones previas sin la asistencia de Muñiz y aplazar la decisión definitiva a cuando acabe esta fase inicial. Entre las defensas, hay abogados que sostienen que el testimonio de Muñiz es "esencial" para juzgar el caso. De hecho, Muñiz es junto a Giovanni Orefici el principal acusado en la vista y, según el fiscal, ambos urdieron un plan preconcebido para comprar Intelhorce en 1989 y someterla después a un importante proceso de descapitalización. Para ello, siempre según el ministerio público, llegaron a un acuerdo con José Miguel Moreno García, a quien pagaron una comisión, para que éste favoreciera la opción de compra que ambos representaban, ya que éste era presidente de Improasa, empresa pública que se encargó de la gestión de la privatización de la fábrica textil malagueña. Este papel principal que la acusación atribuye a Muñiz explica el elevado número de cuestiones que los defensores plantearon ayer. El juicio del caso Intelhorce, el más extenso instruido jamás en Málaga, es también el más largo de la historia. La vista comenzó el 28 de octubre y aún se encuentra en fase de deliberación de consideraciones previas.