El fiscal pide inhabilitar 12 años a un juez de Barcelona por prevaricación
El fiscal solicita 12 años de inhabilitación y 2,7 millones de pesetas de multa para el presidente de la Sección Octava de lo Penal de la Audiencia de Barcelona, Santiago Raposo, al que acusa de un delito de prevaricación supuestamente cometido al archivar una causa de delito fiscal contra Jaime Sentís -que en su día fue el denunciante del caso casinos, relativo a la supuesta financiación ilegal de CiU- por entender que había prescrito. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha decretado la apertura de juicio oral, así como trasladar su resolución al Consejo General del...
El fiscal solicita 12 años de inhabilitación y 2,7 millones de pesetas de multa para el presidente de la Sección Octava de lo Penal de la Audiencia de Barcelona, Santiago Raposo, al que acusa de un delito de prevaricación supuestamente cometido al archivar una causa de delito fiscal contra Jaime Sentís -que en su día fue el denunciante del caso casinos, relativo a la supuesta financiación ilegal de CiU- por entender que había prescrito. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha decretado la apertura de juicio oral, así como trasladar su resolución al Consejo General del Poder Judicial. Fuentes de este organismo explicaron ayer que, con toda probabilidad, Raposo, todavía en activo aunque de baja por depresión, será apartado de la carrera judicial de manera cautelar en la reunión que celebrará la comisión permanente el próximo martes.
El caso se inició el pasado mes de julio, cuando la fiscalía del TSJC se querelló contra Raposo y las otras dos magistradas que firmaron la resolución supuestamente prevaricadora, aunque ellas fueron exculpadas tras manifestar que firmaron el polémico auto sin que Raposo, ponente de la resolución, les explicase todas las circunstancias jurídicas del caso.
El fiscal afirma que Raposo acordó el archivo "con intencionado desconocimiento" del Código Penal y que ese auto "justifica la manifiestamente injusta decisión de archivo", así como que "carece de cualquier razonamiento jurídico, ni explícito ni implícito".
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