Unos consejeros renqueantes

La oposición de izquierdas prefirió ayer presentar una propuesta de reprobación contra la política aplicada por el Gobierno catalán en su conjunto en materia de Bienestar Social en vez de presentarla contra el titular del departamento, Antoni Comas. El intento de pasar por encima de Comas se debe a que la izquierda le considera ya un cadáver político. Hace un par de años trascendió que el propio presidente Jordi Pujol pensaba seriamente en suprimir el departamento, consciente de que el modelo instaurado por Comas, una mixtura de asistencia social, clientelismo y propaganda, es indefendible. U...

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La oposición de izquierdas prefirió ayer presentar una propuesta de reprobación contra la política aplicada por el Gobierno catalán en su conjunto en materia de Bienestar Social en vez de presentarla contra el titular del departamento, Antoni Comas. El intento de pasar por encima de Comas se debe a que la izquierda le considera ya un cadáver político. Hace un par de años trascendió que el propio presidente Jordi Pujol pensaba seriamente en suprimir el departamento, consciente de que el modelo instaurado por Comas, una mixtura de asistencia social, clientelismo y propaganda, es indefendible. Uno de los coletazos de este clientelismo estalló ayer mismo en el rostro de Comas, al conocerse la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso de Sant Pere de Torelló, por un delito de tráfico de influencias. Aquel escándalo provocó la dimisión del entonces consejero de Política Territorial, Josep Maria Cullell. Pero en el inicio del caso estaba un aval concedido por el departamento de Comas para la compra de terrenos en los que construir una residencia asistida para jubilados. La izquierda intenta aumentar la presión sobre el Gobierno de Jordi Pujol en su conjunto, porque, además de Comas, otros consejeros están también en situaciones insostenibles por diversas causas o fracasos rotundos y notorios. El consejero de Trabajo, Ignasi Farreres, ha visto como dimitía su director general de Empleo, Lluís Gavaldà, por supuestas irregularidades de terceros en el manejo de fondos europeos. Pero ésta es la tercera dimisión de un director general de su departamento en dos meses. El consejero de Industria, Antoni Subirà, no ha conseguido aclarar dónde están los 2.000 expedientes de su departamento relativos al consorcio Turismo de Cataluña que debían servir para aclarar un escándalo, que se arrastra desde la etapa de su antecesor en el cargo, de presunto trato de favor que afectaba a su máximo responsable. El titular de Política Territorial, Pere Macias, no ha podido superar el movimiento contra los impuestos en el recibo del agua (80.000 familias no pagan esas tasas) y ha visto como se le añadía un segundo frente ciudadano contra los peajes, sin que las rebajas que se han producido hayan servido para otra cosa que aumentar el número de adheridos a la plataforma de Gelida. Macias ha sido sustituido por el consejero de Economía, Artur Mas, en la negociación con el Gobierno central de nuevas rebajas. Además del desgaste ocasionado por los catastróficos incendios del verano pasado en las comarcas centrales de Cataluña, la gestión del consejero de Agricultura, Francesc Xavier Marimon, tiene la oposición del principal sindicato agrario catalán, Unió de Pagesos. En las elecciones celebradas recientemente obtuvo nada menos que el 75% de los votos de los payeses. Además de las cuestiones políticas, dos miembros del Gobierno, Ignasi Farreres y el consejero de Enseñanza, Xavier Hernández, han manifestado su deseo de cambiar de destino.

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