El Gobierno podrá vetar decisiones estratégicas en Indra aun después de la privatización del 66,09%
El Gobierno podrá vetar decisiones estratégicas que afecten a las áreas y filiales dedicadas a la producción de equipos para la defensa dentro del grupo Indra hasta siete años después de la privatización de la compañía, según acordó ayer el consejo de ministros en aplicación del principio conocido como acción de oro que contempla la Ley de Enajenación de participaciones públicas de 1995. El ministro portavoz, Josep Piqué aseguró que en los próximos días se concretarán los límites de la acción de oro.La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) registró ayer en la Co...
El Gobierno podrá vetar decisiones estratégicas que afecten a las áreas y filiales dedicadas a la producción de equipos para la defensa dentro del grupo Indra hasta siete años después de la privatización de la compañía, según acordó ayer el consejo de ministros en aplicación del principio conocido como acción de oro que contempla la Ley de Enajenación de participaciones públicas de 1995. El ministro portavoz, Josep Piqué aseguró que en los próximos días se concretarán los límites de la acción de oro.La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) registró ayer en la Comisión Nacional del Mercado de Valores el folleto informativo sobre la oferta pública de venta (OPV) de sus acciones en Indra, la primera empresa española de tecnologías de la información (una combinación de informática, electrónica y telecomunicaciones), equivalentes al 66,09% del capital.
La OPV de Indra, que abre la serie de operaciones de este tipo en 1999, reportará al Estado entre 56.100 millones y 72.600 millones de pesetas (entre 366,56 millones y 426,71 millones de euros), según la banda de precios de referencia fijada para cada una de las acciones (entre 1.150 y 1.488 pesetas, 6,91 y 8,94 euros) a la venta. La operación, que se inicia el próximo lunes con la apertura del plazo de petición de acciones -por un mínimo de 200.000 pesetas-, culminará a final de mes. El próximo día 22 se fijará el precio final.
El Estado venderá hasta 48.877.483 acciones, de las que un 65% (28,5 millones de títulos) se dirigen a inversores españoles. De ese paquete, 15,87 millones de acciones se destinará a particulares y un 25% a instituciones. Un total de 1,72 millones de acciones (3,91%) se reserva para empleados de Indra. El resto, un 35% (15.396.533 acciones) se colocará en el extranjero.
La junta general de accionistas de Indra aprobó ayer una remodelación del consejo de administración, del que salen el representante de la SEPI y José Antonio Pérez Nievas, fundador de la empresa Ceselsa, cuya fusión con el grupo público Inisel dio lugar a la actual Indra. El consejo tendrá 14 miembros; siete de ellos, independientes del capital. Se trata de Manuel Azpilicueta, presidente de Russel Reynolds; Francisco Constans, responsable de la Corporación Planeta; Enrique Moya, presidente de la APD; Joaquín Moya, presidente de Meta 4; el abogado Pedro Ramón y Cajal; Manuel Soto, de Arthur Andersen, y Juan Carlos Ureta, de Renta 4.