Pascual será juzgado por delito ecológico, desobediencia y atentado a un funcionario

VIENE DE LA PÁGINA 1 Al alcalde y al concejal también se les acusa de desobediencia al mandato de la autoridad judicial por no haber acatado un auto de la juez de marzo de 1997 que prohibía cualquier tipo de transformaciones en el marjal y dictaba una serie de medidas cautelares. Contra Carlos Pascual pesa además una tercera acusación por atentado contra funcionario público, en este caso por una supuesta agresión al director del parque, Vicente Urios. En sus disposiciones, la juez advierte que en concepto de responsabilidad civil los acusados deberán indemnizar a la Generalitat Valenciana po...

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VIENE DE LA PÁGINA 1 Al alcalde y al concejal también se les acusa de desobediencia al mandato de la autoridad judicial por no haber acatado un auto de la juez de marzo de 1997 que prohibía cualquier tipo de transformaciones en el marjal y dictaba una serie de medidas cautelares. Contra Carlos Pascual pesa además una tercera acusación por atentado contra funcionario público, en este caso por una supuesta agresión al director del parque, Vicente Urios. En sus disposiciones, la juez advierte que en concepto de responsabilidad civil los acusados deberán indemnizar a la Generalitat Valenciana por los daños causados al marjal de Pego-Oliva en 650 millones de pesetas, cantidad total a la que asciende la fianza. Al mismo tiempo, traslada esta responsabilidad de forma subsidiaria al consistorio pegolino y a la Comunidad de Regantes de las Tieras Arrozales de Pego, que en su caso deberían responder de la cantidad que se reclama. La Audiencia Provincial, a quien corresponde el fallo del caso, desestimó en mayo del año pasado los recursos presentados contra la decisión de la juez de paralizar las transformaciones y se pronunció a favor de mantener las medidas cautelares. Sin embargo, los trabajaos en el marjal, el bombeo de agua y la desecación de parte del humedal para su transformación en tierra de cultivo han continuado hasta ahora con el apoyo del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Pego, integrado por independientes aliados con el Partido Popular, y las críticas y denuncias de la oposición, formada por el PSPV-PSOE y el Bloc Nacionalista Valencià. Las agresiones en el marjal ya duran más de dos años. La declaración del parque, en enero de 1995, indignó a los agricultores pegolinos. Entonces comenzaron los continuos incendios de la zona de máxima protección, en aquella donde nunca se ha cultivado y el futuro plan de ordenación no permitirá ninguna actuación. Al tiempo, tres motores movidos por el gasóleo pagado por el consistorio, bombean agua desde hace años día y noche para desecar el hábitat, uno de los humedales más valiosos de la Comunidad, y para permitir el cultivo de arroz y hortalizas. El sistema vierte al mar la tercera parte de la capacidad de recarga hídrica del marjal. También con dinero municipal se ha pagado el desvío del río Racons.

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