Divorcio y malos tratos

QUE LOS malos tratos sean causa suficiente para pedir el divorcio, según proponen el PP e IU en sendas iniciativas legislativas de reforma del Código Civil, resulta una obviedad. Como ya lo es la genérica conducta vejatoria o la manifiesta agresión contra la vida de uno de los cónyuges. Pero si de lo que se trata es de resolver cuanto antes una situación conflictiva y llena de riesgos en el seno de la pareja, la propuesta no sirve para nada. El cónyuge maltratado tendrá que esperar a que la justicia se pronuncie y demostrar que el maltrato existe para que el divorcio se produzca y la situación...

QUE LOS malos tratos sean causa suficiente para pedir el divorcio, según proponen el PP e IU en sendas iniciativas legislativas de reforma del Código Civil, resulta una obviedad. Como ya lo es la genérica conducta vejatoria o la manifiesta agresión contra la vida de uno de los cónyuges. Pero si de lo que se trata es de resolver cuanto antes una situación conflictiva y llena de riesgos en el seno de la pareja, la propuesta no sirve para nada. El cónyuge maltratado tendrá que esperar a que la justicia se pronuncie y demostrar que el maltrato existe para que el divorcio se produzca y la situación de riesgo desaparezca. El proceso de divorcio por malos tratos será al menos tan lento-por la demora judicial y la complejidad probatoria- como el planteado por otras causas. No les falta razón, pues, al PSOE y a Nueva Izquierda para rechazar esa reforma por inservible, aunque no estaría que mal presentaran alguna alternativa.La propuesta del PP e IU debería servir de punto de partida para una reforma en profundidad de la ley de divorcio de 1981, que introdujo un cambio radical respecto del derecho de familia vigente en el franquismo, pero que 18 años después ha quedado obsoleta en sus aspectos más casuísticos. En estos años se ha hecho evidente la necesidad de dar mayor relevancia a la voluntad de ruptura de los cónyuges, para evitar en lo posible que litiguen entre sí, y de acortar los plazos y las comparecencias judiciales si se ven abocados a litigar. No tiene sentido que, como sucede ahora, el divorcio suponga en muchos casos la repetición ante el juez, con los costes económicos y personales que ello supone, del previo proceso de separación. Y también habría que reformar, a la luz de la experiencia, el capítulo de los efectos personales y patrimoniales de la separación y divorcio: custodia de los hijos y pensiones económicas. Un proceso de divorcio más respetuoso con la voluntad de los cónyuges y menos litigioso que el actual sí podría ser una solución efectiva cuando, además, se producen situaciones de violencia doméstica. Si el PP e IU quieren apoyar a los cónyuges maltratados deben plantear una reforma en profundidad de una ley que se ha quedado vieja.