El Gobierno vasco solicita datos a los seis jueces amenazados para organizar su seguridad

El Departamento de Interior vasco ha dialogado con los seis magistrados amenazados por la plataforma de apoyo a la lengua vasca Euskal Herrian Euskaraz para organizar su seguridad. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco solicitó el lunes al Ejecutivo autónomo la "adopción inmediata" de medidas para proteger a los seis jueces tachados de "enemigos del euskera" en carteles y pintadas aparecidas en San Sebastián en los últimos días. El Consejo General del Poder Judicial asumió ayer esa petición, además de expresar su repulsa por los "intentos de menoscabar" la independencia de los magis...

El Departamento de Interior vasco ha dialogado con los seis magistrados amenazados por la plataforma de apoyo a la lengua vasca Euskal Herrian Euskaraz para organizar su seguridad. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco solicitó el lunes al Ejecutivo autónomo la "adopción inmediata" de medidas para proteger a los seis jueces tachados de "enemigos del euskera" en carteles y pintadas aparecidas en San Sebastián en los últimos días. El Consejo General del Poder Judicial asumió ayer esa petición, además de expresar su repulsa por los "intentos de menoscabar" la independencia de los magistrados.

Un portavoz de la consejería de Interior, que dirige Javier Balza (PNV), indicó a este periódico que el mismo lunes se habló con los jueces afectados por las coacciones y que en estos momentos se está analizando cada caso dentro de un plan global de seguridad. "Hay que comprobar", señaló este portavoz, "las particularidades de cada situación para evaluar qué medidas son más eficaces. Hay muchas cuestiones técnicas que entran en juego. De cualquier forma, el departamento atiende todos los casos de personas amenazadas".El portavoz del Gobierno vasco, Josu Jon Imaz (PNV), insistió ayer en que ninguna persona amenazada se va a quedar sin protección. "El Ejecutivo", señaló, "va a adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todas las personas que viven y que trabajan en Euskadi ante cualquier tipo de coacción, amenaza, chantaje. Es nuestra obligación".

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ),mediante una nota remitida por su Comisión Permanente, asumió ayer "en su integridad" el acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior vasco en relación a estas amenazas y expresa su "más enérgica repulsa frente a estas actuaciones que pretenden, con toda evidencia, menoscabar la independencia de jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones". Asimismo, reitera su solidaridad a los jueces que han sido intimidados y a todos sus compañeros del País Vasco.

La intranquilidad entre los miembros de la judicatura es patente después de las últimas amenazas. Así, un colectivo de jueces y magistrados que ejerce su trabajo en las tres provincias de Euskadi están dispuestos a utilizar las vías judiciales para que se investiguen y persigan los presuntos delitos de amenazas y coacciones si la Fiscalía del País Vasco no actúa de oficio. Este grupo de magistrados está en fase de constituirse como una nueva agrupación profesional, al margen de las actuales asociaciones del sector, según informa Vasco Press.

Para los portavoces de este colectivo, las pintadas de Euskal Herrian Euskaraz -en las que se acusa a los magistrados de marginar al euskera y pisotear los derechos de los vascoparlantes- tienen más que ver con un rechazo a los jueces que defienden la Constitución que con la lengua vasca. "Saben [en alusión a los autores de los carteles y las pintadas] que somos los jueces constitucionalistas, los que, de acuerdo con la ley y la Constitución, no vamos a ser conniventes con el clima de insurrección progresivo que se está produciendo y no vamos a dejar los delitos impunes", dicen.

Los magistrados amenazados han impuesto varias sanciones en los últimos meses a los abogados euskaldunes que se niegan a ejercer la defensa de sus clientes si el tribunal no tiene un juez vascoparlante.

Además, la nueva agrupación de magistrados se muestra reticente hacia las actuaciones que pueda desarrollar el responsable del departamento vasco de Justicia, Sabin Intxaurraga (Eusko Alkartasuna), porque "apoya sin reservas al Sindicato de Abogados Euskaldunes", que es la plataforma que se opone a los juicios en los que se utiliza la traducción.

El "caso Ternera"

Por otro lado, el portavoz del Consejo del Poder Judicial, Benigno Varela, manifestó que la Comisión Permanente ha decidido que sea el Pleno del CGPJ del día 24 el que se pronuncie en relación con la declaración del Parlamento vasco contra la denegación de permiso por parte de la Audiencia Nacional al etarra en prisión preventiva y diputado por EH José Antonio Urritikoetxea, Josu Ternera, para acudir a las sesiones de la Cámara de Vitoria.